Este año ha sido ha sido relevante en materia judicial de derechos humanos, ya que en febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en diciembre el Tribunal Constitucional se pronunciaban sobre las conocidas como devoluciones en caliente. Celebrándose hoy el Día de los Derechos Humanos, Josep Buades, responsable de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes, quiso destacar sobre las últimas sentencias que como estos tocan la dignidad de todos “es importante que los defendamos para todo el mundo por igual porque en algún momento alguien puede intentar violar nuestros derechos humanos”. Por ello, argumenta que si los ciudadanos no defienden que la ley proteja a todas las personas por igual, cree que en algún momento esto nos podrá perjudicar. Subrayó que las garantías que ofrecen los derechos humanos no solo protegen de los particulares que quieren violarlos, sino también de los poderes públicos y de las administraciones.
Por ello insiste en que si la ciudadanía no posee una mirada universal sobre los derechos humanos, “a la larga nos estamos perjudicando a nosotros”. Buades recalcó esta premisa antes de entrar de lleno en la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que en la vertiente más conservadora de los magistrados estos son más sensibles a la presión migratoria que sufren las ciudades autónomas por ser fronteras terrestres europeas con África y se acercan más a la percepción de la ciudadanía del país, pensando sobre todo en los años 2014 y 2015, época en la que sale la ley de seguridad ciudadana sobre la que dictó sentencia el TC. Buades quiso recalcar que la percepción de la ciudadanía es justamente eso, una percepción más que una realidad, ya que expuso que a través de los aeropuertos entran unos 400.000 migrantes gracias al visado de turista que luego se quedan en el país frente a los 15.000 que pueden entrar de media al año a través de las dos ciudades autónomas. Por el lado contrario, la vertiente más progresista tiene en cuenta la situación de necesidad de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes que deciden saltar la valla y que la situación de muchos de ellos está reconocida como que se les debe ofrecer protección internacional.
Así pues, la función del TC era valorar “la constitucionalidad” del apartado de la ley de seguridad ciudadana sobre los rechazos en frontera. Buades explicó que, según la sentencia, los rechazos en frontera solo son válidos si se tratan de forma individual, hay un control judicial y si se respetan los acuerdos internacionales en la materia. Sobre el primer punto, asegura que tras haber revisado la sentencia no encuentra que dicha aplicación individualizada esté descrita; acerca del control judicial, explica que el acto de llevar a la persona detenida al lado marroquí es un procedimiento que no está regulado tal cual, por lo que el Tribunal deja ver que el Gobierno ha de regular este procedimiento para que se puedan aplicar los tres supuestos que hacen legales los rechazos en frontera. Añadió que en el momento del salto no es fácil de diferenciar qué personas necesitan protección y que difícilmente intentarán dicha vía personas mayores o mujeres embarazadas, habiendo conocido un solo caso sobre este último supuesto. Explica que la mayor parte de los migrantes que saltan la valla son varones jóvenes de entre 15 y 30 años. “El texto está muy desconectado de la realidad”, aseguró Buades, pues la sentencia apunta a la oficina de asilo como vía legal para entrar en el país injustificando el salto a la valla, “es no saber cómo funciona el lado marroquí”. Expone que los que consiguen acceder a la oficina de asilo es porque se hacen pasar por marroquíes con documentación falsa, pero por ejemplo, los yemeníes no pasan por nacionales del país vecino y no les dejan pasar. “Nadie puede entrar fácilmente en la oficina de asilo”, aseguró. “Tenemos que exigir al Gobierno que regule el rechazo en frontera” para que las devoluciones en caliente, explicó, no sea solo “abrir las puertas que hay en la valla y entregar a la personas detenida a las autoridades marroquíes”.
Buades defiende que tiene que haber un procedimiento establecido en la ley para que pueda haber pleno control judicial, ya que en este momento no es posible identificar a los agentes que proceden al rechazo en frontera o si los migrantes han sido identificados para la individualización de su caso. Así pues, la realidad de la práctica no corresponde a la realidad descrita en la sentencia del TC. “Esto está sometido a unas condiciones que si no se cumplen es inconstitucional”. “Si no hay una regulación, habrá una desconexión entre la práctica y la ley”, dijo. Desde la Red de Migrantes ha estado recogiendo testimonios de las personas que han sido devueltas. “Hemos sido los únicos”, afirmó. Buades expresa que “hay que ser exigentes” en el cumplimiento de los derechos humanos. Este año ha habido menos presión migratoria en Melilla, pero asegura que ha habido procedimientos poco “respetuosos con los derechos humanos” al minimizar los traslados a Europa y dejar a los migrantes en centros “con condiciones inhumanas”. Por eso insiste en la idea de que cuidar la sensibilidad por los derechos humanos.
