El Servicio Jesuita a Migrantes reclama el respeto de los derechos humanos en la valla de Melilla

El Servicio Jesuita a Migrantes ha expresado en un comunicado que teme que las garantías de los derechos de las personas migrantes previstas en el ordenamiento jurídico queden en papel mojado. Explican que durante los saltos se han dado devoluciones y rechazos en frontera y que en el caso de aquellas personas que consiguieron llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), han sido identificadas por la Policía (art. 23 LOEX) para iniciar sus procesos de devolución.

El temor existente, señalan que como en otras ocasiones, es que la asistencia letrada sea rápida y somera, sin tiempo suficiente para profundizar en las circunstancias personales de cada persona, en caso de que existan necesidades de protección. Además, recalcan los servicios de interpretación cultural suelen ser insuficientes. Es probable que España inicie procedimientos rápidos de menos de 10 días para acelerar entrevistas y resoluciones de asilo con el fin de agilizar las devoluciones a Marruecos: permanecemos atentos al desarrollo de los acontecimientos. En cualquier caso, se deben garantizar que se cumplen todos los derechos.

"Alrededor de unas 3.000 personas han intentado saltar la valla del perímetro fronterizo de la ciudad de Melilla, de las cuales unas 850 han conseguido llegar hasta el CETI. "Por lo que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y otras organizaciones han podido observar, muchas de las personas proceden de países subsaharianos (Mali, Burkina Faso, Chad, Sudán, Costa de Marfil…) o árabes (Siria, Yemen, Libia) en los que existe un conflicto armado", explican en dicho comunicado.

Ante esta situación, enfatizan que "es posible, por tanto, que muchas personas sean perfiles de protección internacional. Además, se aprecia que muchos de ellos son jóvenes adolescentes, lo que puede hacer pensar que algunos sean menores de edad y, por lo tanto, requieran de protección por parte de la Administración".

Así pues, aseguran que en ambos casos, es preciso que estas personas reciban la adecuada información sobre sus derechos, con la debida asistencia individualizada, y se activen mecanismos de protección, ya que la ley impide su devolución al país de origen.

"Los acontecimientos de estos días han dejado escenas terribles", dicen el SJM. Señalan que "tanto del lado español como del lado marroquí apreciamos personas con heridas graves que han requerido hospitalización, también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Exponen que estas lesiones se explican por la combinación de obstáculos arquitectónicos dañinos y un uso desproporcionado, en ocasiones, de la fuerza por parte de los agentes, lo que convierte a la frontera sur en un espacio con un marcado carácter violento. Especialmente preocupante es el hecho de observar a numerosos policías y guardias civiles sin lucir la adecuada identificación numérica, aseguran.

El SJM trabaja acompañando las experiencias de lo que viven y padecen las personas migrantes, tratando de sanar las heridas producidas. El equipo jurídico del SJM se moviliza para prestar asistencia letrada en los procedimientos de devolución y de protección internacional, a la vez que redobla esfuerzos con otras entidades presentes en el terreno para detectar a las personas susceptibles de algún tipo de protección de acuerdo con la ley española. Como entidad de la Iglesia católica, la prioridad es poder estar cerca de las personas.