A falta de poco menos de un mes para que termine el estado de alarma el próximo 9 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que no pretende llevar al Congreso una prórroga necesaria. Según dice, las comunidades tienen herramientas legales suficientes para controlar la pandemia. En realidad todos sabemos que no quiere retratarse en la Cámara baja recabando apoyos de Bildu o ERC en plena campaña electoral de Madrid.
Como suele ser en estos casos, justo el partido que ha votado en contra o se ha abstenido en las votaciones del Estado de Alarma, ahora se rasga las vestiduras porque Sánchez quiere escaparse por la tangente como si los españoles fuéramos tontos.
Esta situación ha desatado un terremoto político en las autonomías porque una cosa es lo que vota Pablo Casado en Madrid y otra muy distinta lo que enfrentan Feijoó o Juanma Moreno como presidentes de Galicia y la Junta de Andalucía, respectivamente.
Las comunidades saben, por experiencia, que en adelante no podrán decretar el cierre perimetral o el toque de queda si antes no lo aprueba un juez. Ya vivimos la experiencia de magistrados echando para atrás decretos que vulneran derechos fundamentales en nuestro país. La situación volverá a ser caótica.
Como es lógico nos preocupa Melilla, donde estos días ha empezado el Ramadán y tenemos que ser especialmente cautos con las rupturas del ayuno en familia. Nuestras UCI están colapsadas y la situación sigue siendo muy preocupante. Si bien en algunos territorios se han detectado variantes del virus, aquí directamente predomina la cepa británica, mucho más letal y contagiosa. Estábamos mal, pero siempre se puede estar peor. Hasta el 10 de abril teníamos 8.240 casos positivos. Estamos en nivel de alerta 4 (de 4 posibles). El riesgo es máximo.
Por eso el Gobierno local se ha visto forzado a lanzar un nuevo decreto que obliga a cerrar el interior de los gimnasios y a limitar a un tercio el aforo de los centros deportivos al aire libre, siempre que puedan mantener el metro y medio de distancia de seguridad exigida. Además, estos últimos deberán cerrar a las 21:00 horas.
Digamos que se acaban de cargar la operación bikini y ponen a los gimnasios al borde de la quiebra. Es cierto que los espacios cerrados son un peligro, pero hay que buscar alternativas que nos ayuden a equilibrar salud y economía. ¿Hay algún estudio que diga que los gimnasios se han convertido en un foco de infección? Sería terrible que adoptáramos una decisión tan radical sin que se haya dado un brote en uno de estos locales.
El Gobierno también cierra las salas recreativas, los parques infantiles, pistas de patinaje y monopatines y se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en zonas de esparcimiento.
Hay que admitir que son medidas muy radicales que no se ven en otras comunidades, pero también es cierto que aquí hay más niños que en otras autonomías. Tenemos que pensar qué hacemos ahora con nuestros hijos porque también quedan suspendidas todas las actividades recreativas. Me temo que al final de la pandemia tendremos que invertir muchísimo dinero en desenganchar del ordenador a los pequeños y adolescentes.
Llama la atención que las nuevas medidas limitan los entierros a entre 20 personas en exteriores y 10 en interiores, pero se permiten bodas, bautizos y comuniones con hasta 15 mesas (en exteriores) y sólo se limita la presencia de invitados (6) en las ceremonias religiosas.
Yo no soy quién para pedir a la gente que está deseando casarse que espere a que estemos vacunados para celebrar por lo alto el matrimonio, pero todos sabemos que a un boda se va a bailar, a beber y a comer. Creer que el alcohol (o en su defecto o las bebidas energéticas) y la prudencia van de la mano es una temeridad.
En fin, los libertarios tienen un problema gordo en Melilla. Aquí tenemos las medidas más restrictivas que hayamos visto en nuestro país. Siempre hemos sido los primeros en adoptarlas y luego hemos visto cómo nos secundan otras comunidades. El problema, sin embargo, es que aquí no surten efecto. Estamos como pájaros enjaulados y los contagios siguen creciendo sin que a estas alturas sepamos a ciencia cierta cuántas personas han tenido que rascarse el bolsillo para pagar multas por su comportamiento incívico.
La Policía Local multa, pero esas sanciones duermen el sueño de los justos en los cajones de la Consejería de Salud Pública. Y si no nos multan, entonces la sanción no tiene sentido porque pierde, incluso, la capacidad de persuasión que se le presupone.
Salimos del Aid El Kebir del año pasado directo a la segunda ola. La Semana Santa no ha causado estragos en otros territorios, pero aquí seguimos en riesgo severo. Y todavía nos queda por contabilizar los efectos del Ramadán. Me temo que las medidas que tomamos sólo lastran nuestra maltrecha economía.
