El Gobierno central sigue sin dar respuesta al cerrojazo de la aduana decretado por Marruecos en el paso de Beni Enzar. Corre el tiempo y parece como si a Pedro Sánchez no le importara la situación de incertidumbre que está provocando la decisión del país vecino. Hemos pasado de los contactos “discretos” entre ambos gobiernos, según aseguró la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a dar la callada por respuesta. Tendremos que esperar, nada menos, que hasta la comparecencia del ministro de Exteriores, Josep Borrell, en el Congreso el próximo 13 de septiembre para obtener alguna pista sobre el asunto.
Demasiado tiempo, sobre todo para los empresarios, los mayores damnificados por una situación que les ha venido sobrevenida y sin tiempo de reacción. Las mercancías siguen varadas en tierra de nadie y no se les ofrece ninguna solución.
No se entiende tanta demora. Si finalmente se va a permitir que Marruecos haga de su capa un sayo y la decisión sea irreversible, es de justicia que se sepa cuanto antes y que aquellos afectados puedan empezar a tomar las medidas oportunas para minimizar el impacto. No en vano, se calcula que la ciudad puede perder cerca de 100 millones de euros a causa del cierre aduanero.
Además, es un mal precedente que Madrid no pida explicaciones a Rabat. No sería beneficioso para ninguno de los dos países que se tomaran decisiones unilateralmente en temas que afectan a ambos. Melilla merece una respuesta y parece que el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere el silencio administrativo para no tener que dar explicaciones sobre su pésima gestión diplomática
