Se quiera o no, hasta que el Gobierno no rectifique el Real Decreto que anula el 50% de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para Melilla y Ceuta, las cosas no estarán totalmente claras. Si es verdad, como afirma la delegada, Sabrina Moh, que únicamente se trata de hacer una pequeña modificación en el texto normativo, la pregunta es inmediata: ¿por qué desde enero a julio todavía no se ha hecho? Esa es la gran cuestión a la que haría bien Moh en responder, sobre todo para la tranquilidad de empresarios y trabajadores, que podrían verse muy perjudicados si esa decisión no cambia.
Dice Sabrina Moh que la idea es alargar la bonificación hasta el año 2026, cuando se entiende que acabará el Plan Estratégico y se habrán adoptado todas las medidas encaminadas a un nuevo modelo económico para la ciudad. Y habría que plantearse qué mal hace el mantenimiento sine die de esa bonificación a la productividad melillense. Sencillamente se antoja que no es en absoluto incompatible la subvención del 50% de la cuota con otras medidas que sirvan para la reactivación económica de Melilla. Al revés, podría entenderse que es un revulsivo más para la creación de riqueza y puestos de trabajo.
Es curioso que sobre este asunto prácticamente solo se hayan estado posicionando en contra la patronal y los partidos políticos de la oposición. No se ha escuchado ni una sola palabra por parte de los sindicatos que, se supone, defienden los derechos de los trabajadores, incluso los del sector privado y todo.
Solo a petición de la prensa, en este caso de El Faro, se han manifestado contrarios a que se acabe con esa medida. Desde luego no se puede decir que hayan dado batalla alguna con este asunto que, sin embargo, afecta, y mucho, la nómina de los empleados de las empresas que pueden beneficiarse de la bonificación.
Hay que recordar, en ese sentido, que del 50% del coste de la cuota que no se abona a la Seguridad Social, una parte, concretamente el 40%, va para el sueldo de los trabajadores, lo que implica cantidades interesantes que en modo alguno pueden extraerse del salario de unas personas que están afectadas por la inflación y el coste más caro de los productos de primera necesidad porque, por cierto, el transporte de los alimentos, por ejemplo, no ha entrado en la subvención decretada recientemente por el Gobierno.
Sería más que conveniente que si queda por ahí algún Consejo de Ministros aún por convocar, lleve en el orden del día la modificación del Real Decreto de referencia. Si no es así, entre la celebración de las elecciones, la constitución del Parlamento, la investidura del nuevo presidente y la creación del próximo Gobierno, se habrá traspasado la fecha y Melilla se quedará sin la bonificación.
