El diputado del PP de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, ha asegurado que a través de las actas del Consejo de Gobierno han conocido que los servicios jurídicos de la Ciudad han dictaminado que el contrato de socorrismo actual, que se ejecutó por emergencia, es “nulo”. Por lo tanto, el Ejecutivo local aprobó en esta reunión del consejo del 13 de agosto abrir un expediente sobre este asunto. Quevedo subrayó que el PP ya dijo en junio que la empresa adjudicataria no tenía en su objeto social este tipo de servicios y que era una irregularidad que se quedara con ese servicio de emergencia. Cree que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, y el resto del Consejo de Gobierno conocían esto y han dilatado los tiempos y los plazos para que la empresa termine de realizar el contrato aunque sea nulo.
Y es que el dirigente del PP explicó que ahora se ha aprobado la apertura de un expediente y luego se necesita que el Consejo de Estado revise el caso y dicte que es nulo. Esto puede llevar meses y el contrato con la empresa que lleva ahora el servicio de socorrismo termina a mitad de septiembre.
La historia
Quevedo indicó que la historia sobre este contrató comentó hace ya dos años. En el 2019 se prorrogó el contrato de socorrismo un año más hasta el 2020 con el objetivo de que el Gobierno actual pudiera elabora en ese tiempo sus propios pliegos. Sin embargo, tanto en mayo como en diciembre del pasado año el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC) dictó que los pliegos que había elaborado la Ciudad eran erróneos. En marzo una de las empresas que licita vuelve a llevar este asunto al TCRC y dice que es “ilegal” el pliego de condiciones porque está por debajo el presupuesto del coste real del servicio, ya que no se incluyó ni las vacaciones ni los días de asuntos propios de los trabajadores.
Esto lleva a la Ciudad a tener que sacar un contrato de emergencia. Y lo adjudica a una empresa, que es la que lleva el servicio actualmente, que no tiene en su objeto social el socorrismo ni tiene solvencia económica. El PP lo denunció en junio a los pocos días de conocer a la adjudicataria, remarcó Quevedo. Pero dijo que en lugar de echar atrás la Ciudad este contrato, siguió adelante.
En este punto recordó que De Castro le acusó de mentir y llegó a decir que tenía el aval de los servicios jurídicos y de la Abogacía del Estado para hacer esta tramitación. Quevedo matizó que esos órganos se referían a la contratación de emergencia, pero no a la empresa que se había escogido para llevar el servicio.
Es más, explicó que en la mesa de contratación cuando se baremó a las empresas que licitaron el contrato se excluyó a ésta por no tener solvencia económica. Sin embargo, cuando sacan el contrato de emergencia la convocan para que haga una oferta y es algo que no comprende el dirigente popular.
