El trabajo de guardia civil no se caracteriza por ser una profesión fácil. A las dificultades propias de un agente del orden que tiene asignada la tarea de velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos hay que sumar la particular ‘lucha’ que estos funcionarios vienen manteniendo con la Administración central, de la que dependen. Por un lado, libran la batalla por conseguir unos derechos laborales y salariales similares a los del resto de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un combate difícil porque pelean en tierra de nadie, a medio camino entre los deberes y derechos de los militares y de los civiles.
Y por otra parte, luchan porque creen que tienen que trabajar en unas condiciones dignas y con unos medios adecaudos. En esa batalla se enfrentan a los representantes de turno del Estado en las distintas demarcaciones. Aquí, en Melilla, sus reivindicaciones se dirigen hacia Antonio María Claret, el delegado del Gobierno. Reivindicaciones que caen en saco roto porque en los siete meses que ha permanecido Claret en Melilla ningún problema a los que podía haber intentado dar solución ha conseguido traspasar la puerta de su despacho. Cuando llegó a Melilla dijo que venía cargado de sosiego y era cierto, pero no traía nada más. Sosiego en grandes dosis que harán que su paso por la ciudad se perciba como siete meses en los que Melilla estuvo sin delegado del Gobierno. Llegó poco antes de las elecciones del 22 de mayo y desde entonces se ha convertido en el principal argumento de quienes piensan que los delegados del Gobierno no son necesarios.
