Un medio ambiente sano “es un derecho humano” y en Melilla “tenemos un problema de contaminación tremendo que no se está abordando desde la Administración”, afirma Francisco Pérez, coordinador SEO Birdlife.
Este 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos y aunque haya algunos que sean conocidos como el de la libertad de expresión, a lo largo de estas últimas décadas se han añadido nuevos derechos que la sociedad va demandando, como el derecho al acceso a Internet o el derecho a un medio ambiente sano.
En una entrevista para El Faro, Pérez ha dicho que vivimos en un medio ambiente y por ello es necesario que este no sea adulterado o contaminado “por unos pocos y perjudicándonos a todos”. Pone el ejemplo de una piscina con agua verde que huele mal y en la que nadie se bañaría. “El problema es que nuestro medio, que es el aire, tiene la peculiaridad de que es incoloro e inoloro, excepto en condiciones extremas, pero esto no quiere decir que esté menos contaminado que esa piscina verde que nos hemos imaginado”.
“Llevamos mucho tiempo escuchando en la tele que fumar mata, sin embargo, estamos fumando aunque no queramos”, dijo.
Así pues, señala que la ciudadanía en general respira ese aire contaminado y el dato más claro que refleja esta situación son las más de 44.000 muertes que hay en España relacionadas con la contaminación, siendo el 10,7% de todos los fallecimientos anuales, según una investigación de la Universidad de Harvard, en colaboración con la de Birmingham, la de Leicester y el College London. “Estas son las constatadas y muchas no se conocen. Hay territorios como Melilla que no mandan datos o que no contemplan la posibilidad de que la contaminación en el medio ambiente pueda ser la causa de muchas muertes”.
Explica que este tipo de fallecimientos suelen estar relacionados con problemas cerebrovasculares, cardiovasculares, respiratorios o de fallos multiorgánicos. “Aquí cuando alguien muere por un ictus o por una muerte súbita parece que la causa es esa y muchas veces la consecuencia”, recalcando que los ictus son consecuencia en numerosas ocasiones de mal de carácter ambiental. Cuestiona que “el Ingesa no sea capaz de contabilizarlas” por contaminación.
Acerca de los medidores de la calidad del aire, dice que llevan pidiéndolo mucho tiempo y el que hay, se coloca justo en el parque Hernández, un área donde se recomienda no medir el aire porque en zonas verdes los resultados pueden salir adulterados.
El problema va más allá del aire. Explica que, según un estudio realizado por el ambientólogo Javier Sáez, el suelo de la ciudad está altamente contaminado. Pérez ha subrayado que la polución del aire termina en los suelos y en el agua. “En Melilla no hay agricultura, pero hay huertos de asociaciones. El estudio habla de lo peligroso que es consumir alimentos cultivados aquí”.
Además, a esta situación se suma que hace unos meses, la Ciudad sacó a concurso público un análisis del suelo que hay en torno a las empresas de la ciudad para ver si estas debían ser sancionadas por contaminar. Pérez critica que se dejase fuera de estos análisis a empresas de carácter municipal o nacional, como la incineradora. “No tiene ningún sentido” y cree que se quiere “culpabilizar a otros de una contaminación de la que la principal responsable es la Ciudad Autónoma”.
El coordinador de SEO Birdlife cree que debería haber una industria de energía eólica o marina en todo caso si no se quiere ocupar espacio. Esta energía, apunta, no contaminaría y su precio no dependería de la subida o bajada del petróleo.
Un derecho a exigir
Pérez señala que en los derechos humanos de tercera generación, una actualización de la Declaración firmada en 1948, se han ido añadiendo otros como el de un medio ambiente sano, el del patrimonio o a la paz. Sin embargo, recalca que “no se les ha dado oficialidad ni obligatoriedad de cumplimiento internacional”.
Resalta que se está demostrando que el medio ambiente tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y añade que ya no es solo que haya ciudadanos que fallezcan por contaminación, sino que se pueden tener problemas de diversa índole por la calidad del aire, como enfermedades respiratorias.
Piensa que el problema no se limita a la contaminación, sino que se trata también de que “una empresa se crea con el derecho de contaminar el aire de todos”.
“La Administración no hace nada al respecto” y recalca que si organizaciones internacionales como la OMS han catalogado el arbolado urbano como uno de los principales elementos para luchar contra la contaminación urbana, en Melilla se está “eliminado arbolado urbano”.
Pérez asegura que si los árboles de los acuartelamientos de la ciudad se han salvado es porque la Ciudad “no podía echarles mano” al ser terreno militar. Ahora que estos terrenos están pasando a manos de la
Administración, apunta a que los proyectos que se han puesto sobre la mesa “eliminan por completo arboledas centenarias”.
Entrando en detalle, ha recordado los 30 eucaliptos que se eliminaron del cuartel de Santiago y que limpiaban “tres toneladas de CO2 de media”. “Han eliminado árboles que llevan aquí más tiempo que los padres de los que han tomado esta decisión”.
“Habrá un cambio cuando la gente empiece a decidir qué aire quiere respirar y que nadie decida por ellos” y que ahora “estamos pagando con salud”. Por ello piensa que hay que empezar a pedir también que se respete el arbolado urbano.
Asevera que las grandes contaminadoras son las empresas, por lo que insiste en que no se puede cargar todo el peso del cambio a la ciudadanía. “Es la hora de que el ciudadano empiece a exigir a la Administración que eche sobre ellos la patata de la contaminación y empiece a abordar el tema de verdad”.
“Mientras sigamos recogiendo nuestros residuos y quemándolos en un crematorio gigante y mientras parezca que toda contaminación desaparece y no nos llega, nos seguiremos engañándonos y dando alas a la Administración para hacer lo que quiera”.
