Seis meses después de que fuera declarada como tal, sigue bajo secreto la investigación abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla por la presunta trama sobre la compra de votos para las elecciones autonómicas y locales del pasado mes de mayo. Siguen sin conocerse cuáles han sido las pesquisas seguidas por la titular del citado Juzgado, Carmen María Perle, pero sí ha trascendido que ha contado con un refuerzo en el trabajo con la incorporación del juez de adscripción territorial, Nimrod Pijpe Molinero.
Solo han trascendido en estos seis meses dos órdenes emitidas por la juez. La primera de ella fue la entrada y registro en la sede que CpM tenía en la carretera Hidum, cedida por un simpatizante de la organización y en la que se localizaba toda la estructura de comunicación, según aseguró el partido en mayo pasado. También hubo entrada y registro en domicilios, que llevaron a la detención de varias personas, entre ellas el que fuera consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, que se negó a declarar y fue puesto en libertad con cargos.
La segunda actuación judicial que tuvo trascendencia pública fue la solicitud de multitud de documentos informáticos e información al anterior Gobierno. Esta medida continuó con la paralización de pagos a más de una decena de empresas que habían contratado con la Ciudad Autónoma.
Todo el asunto de la compra de votos se dio a conocer semanas antes de las elecciones del 28 de mayo como consecuencia de un incremento notable en la solicitud para votar por correo, que llegó a más de 11.000 peticiones, produciéndose así un notable incremento con respecto a las últimas elecciones que llegó a alcanzar el 21,21% del censo electoral.
En esos días se tuvo conocimiento de la operación policial ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 y que inmediatamente se relacionó con el voto por correo a la vista de cómo había aumentado en la ciudad. El caso es que días después se supo que la propia Fiscalía Anticorrupción quiso hacerse caso de este conflicto, al encontrar indicios de la posible participación en la trama de un partido político que había tenido responsabilidades de Gobierno. Así lo decidió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, una vez que se conoció el atestado policial que puso en conocimiento de la juez Perle “la existencia de sólidos indicios de compra de votos con vistas a las elecciones”, una “operación delictiva” que dio comienzo el 4 de abril, fecha de convocatoria de las elecciones.
En concreto, las investigaciones que ha realizado la Policía ponen de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.
Según las averiguaciones practicadas, dicha operación habría sido llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla” (CPM), al que pertenecen algunos de los 10 detenidos en la operación policial realizada el pasado martes en la ciudad autónoma, entre ellos, el entonces consejero de Distritos y candidato número 3, Mohamed Ahmed.
El decreto de la Fiscalía General del Estado señala que esos “individuos afines o relacionados” con CPM “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.
“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agrega la Fiscalía General del Estado.
Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.
La Fiscalía General del Estado considera que se trata de “un supuesto de especial trascendencia” incardinable en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), lo que permite que la Fiscalía Anticorrupción asuma el caso.
Así, justifica que los hechos suponen “una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada” y tienen gravedad y trascendencia “desde el punto de vista social y político” por “la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”, además de “la complejidad de las investigaciones” que se deben desarrollar.
