El ex vicepresidente tendrá que declarar por un presunto delito de prevaricación al contratar un arquitecto.
La apertura de juicio oral por el llamado ‘caso Arquitectos’ por el que Miguel Marín tendrá que acudir a declarar, se dio tras rechazar la Audiencia Provincial de Málaga, el pasado 28 de enero, un recurso de apelación interpuesto por el propio ex vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma. A éste se le acusa de un delito de prevaricación en la contratación de un arquitecto por, supuestamente, haber llevado a cabo este trámite de manera irregular.
Tal y como reza el documento, al que ha tenido acceso El Faro, el actual presidente de la Autoridad Portuaria apeló contra la decisión del Juzgado número 1 de Melilla, que previamente también había desestimado otra petición de este tipo.
Oposición al recurso
Además, el auto de la Audiencia refleja que la acusación de este caso, compuesta por el Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla, Dioniso Muñoz, ex dirigente del PSOE local, Coalición por Melilla (CpM) y el sindicato Manos Limpias, se opuso al recurso interpuesto por Marín para evitar que se le llamara a declarar en juicio oral.
En este rechazo a la petición del ex vicepresidente del Ejecutivo local, esta parte personada en el caso alegó que hay “elementos objetivos y subjetivos del delito de prevaricación” y pidió que se acordara la continuación del proceso.
Además, el auto de la Audiencia Provincial recoge que dicha resolución no consiste en dilucidar si hay o no “responsabilidad penal”, sino en dilucidar si debe abrirse juicio oral por esta trama.
“En el presente caso existen indicios racionales de criminalidad contra el recurrente que deben ser despejados en el correspondiente juicio oral”, dictamina el documento jurídico.
Presunto delito
La acusación de prevaricación administrativa contra Marín corresponde a la firma de los contratos de trabajo con el arquitecto Iván Reyes. Supuestamente, el que fuera consejero de Administraciones Públicas del Gobierno local, llevó a cabo estos acuerdos “incumpliendo la normativa prevista para la provisión de puestos de trabajo en la Ciudad Autónoma de Melilla” mientras ejercía su cargo, entre 2003 y 2011.
El ahora presidente del Puerto argumentó en su recurso que “se limitó a firmar los contratos correspondientes”, pero que no intervino en el desarrollo de la tramitación, por lo que no hubo intencionalidad, y de ahí que considere que no puede considerarse prevaricación.
Los socialistas piden la dimisión de Marín al frente del Puerto
Tras conocerse el rechazo de la Audiencia Provincial del recurso de apelación de Miguel Marín a la apertura de juicio oral por el ‘caso Abogados’, el PSOE local, cuyo anterior líder está personado como acusación particular, pidió la dimisión de Marín al frente de la Autoridad Portuaria, puesto que actualmente ocupa.
“Marín debe dejar su actual cargo y, si no lo hace por voluntad propia, debería ser Imbroda (presidente de la Ciudad) el que le cese”, dijo el pasado martes Francisco Vizcaíno, miembro de la Gestora del PSOE tras conocerse que Marín deberá sentarse en el banquillo.
Para el diputado socialista, además, el Partido Popular (PP) “debe dar ejemplo” y no dejar que “la situación procesal de Marín” afecte a un cargo de tanta importancia para la ciudad como es estar al frente del Puerto.
Se trata, según Vizcaíno, de una decisión con la que Imbroda demostraría que antepone los intereses de Melilla a los de su formación y a los suyos propios.
