Satisfacción en sectores provida por la negativa de los médicos de Melilla a practicar abortos

La negativa de todos los médicos ginecólogos de Melilla a realizar abortos en el hospital ha generado satisfacción en determinados sectores provida, que consideran que esta posición se ajusta a la verdadera vocación médica. La situación, que no es nueva en la ciudad autónoma, vuelve a ser foco de debate social tras el respaldo público de asociaciones que defienden la objeción de conciencia como un derecho fundamental de los profesionales sanitarios.

Actualmente, el 100% de los ginecólogos del sistema público de salud en Melilla son objetores de conciencia, lo que imposibilita la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el hospital. Esta circunstancia obliga a derivar a las mujeres a otros centros de la península para poder ejercer un derecho legalmente reconocido desde 2010, cuando se aprobó la ley de plazos para el aborto en España.

En un reportaje publicado este miércoles por el medio El Debate, distintas voces vinculadas a entidades provida manifestaron su apoyo a los profesionales melillenses. “La vocación del doctor nunca será matar”, señalan desde una de estas asociaciones, para quienes la negativa de los ginecólogos a participar en abortos representa “una resistencia ética frente a la presión ideológica” que, aseguran, pretende imponer el Estado.

En ese sentido, estas organizaciones denuncian que en otras comunidades autónomas se estaría tratando de limitar la objeción de conciencia como práctica reconocida. “Se pretende convertir a los médicos en ejecutores de políticas que atentan contra la vida”, afirman, alertando de lo que consideran un intento por “romper el alma de la medicina”.

Estas declaraciones han reavivado el debate en torno a la prestación del servicio de IVE en Melilla, donde históricamente ha existido una única vía para acceder a este derecho: el traslado. Tal como recogió El Faro de Melilla este pasado miércoles, ninguna mujer puede abortar en la ciudad porque el 100% del personal facultativo se ha declarado objetor de conciencia. Esta situación ha sido objeto de quejas tanto por parte de colectivos feministas como de partidos políticos, que han solicitado soluciones al Ministerio de Sanidad.

Desde sectores críticos con la situación actual, se insiste en que el sistema público debe garantizar la cobertura de todos los servicios incluidos en la cartera básica de salud, sin que la objeción de conciencia suponga un obstáculo estructural. Por el contrario, quienes defienden el actual funcionamiento en Melilla consideran que la objeción es un derecho individual amparado por la Constitución y que debe ser respetado incluso si implica reorganizar la prestación del servicio fuera del territorio.

A día de hoy, las mujeres que desean interrumpir su embarazo deben ser derivadas, habitualmente a clínicas especializadas en Andalucía. Este proceso incluye gestión administrativa, desplazamiento y, en algunos casos, la intervención de organizaciones que acompañan a las pacientes.

La controversia sobre la objeción de conciencia y el acceso al aborto en Melilla parece lejos de resolverse. Mientras algunos colectivos celebran la postura de los médicos melillenses como un ejemplo de coherencia profesional y ética, otros denuncian una vulneración del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin tener que salir de su propia ciudad.