El sindicato SATE-STEs ha denunciado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosos maestros de Educación Primaria en Melilla, a quienes se les encomiendan funciones de apoyo a alumnado con graves alteraciones de conducta, sin contar con formación específica ni respaldo suficiente. Según ha advertido el colectivo, esta práctica no solo pone en riesgo la integridad física y emocional del profesorado, sino que compromete gravemente la calidad de la atención educativa tanto de estos estudiantes como del resto del aula.
En un comunicado firmado por Elvira Sánchez, portavoz del secretariado de SATE-STEs, el sindicato explica que muchos docentes de Primaria, además de ejercer su labor como tutores, son asignados a tareas de apoyo en aulas que incluyen alumnado con necesidades educativas especiales. En algunos casos, este alumnado presenta conductas agresivas recurrentes, como intentos de morder, golpes y otras formas de violencia física, lo que deriva en un entorno educativo perturbado, difícil de gestionar, y perjudicial tanto para el grupo como para el propio docente.
SATE-STEs subraya que estos profesionales intentan aplicar metodologías adaptadas dentro de sus conocimientos como especialistas de Primaria, pero advierten que estas estrategias resultan insuficientes cuando se trata de intervenir con alumnos que requieren un enfoque especializado. Además, en situaciones donde el alumno carece de autonomía personal, el docente puede verse obligado a realizar funciones que exceden lo estrictamente educativo, como tareas de guarda y custodia, acompañamientos permanentes, contención física durante crisis o vigilancia para prevenir autolesiones.
Esta carga adicional repercute directamente en la atención que recibe el resto del alumnado con necesidades específicas, al no poder garantizarse una respuesta educativa ajustada y completa, tal como establece la normativa vigente en materia de inclusión y equidad. Ante esta realidad, los docentes afectados suelen trasladar su preocupación a los equipos directivos, quienes, según denuncia el sindicato, en ocasiones reciben de la Inspección Educativa la negativa a asignar más recursos especializados bajo el argumento de que ya cuentan con los suficientes. Como solución, se plantea incrementar sesiones de apoyo, aunque en las mismas condiciones que hasta ahora, lo que SATE-STEs considera inaceptable.
El sindicato califica estas respuestas institucionales de ofensivas y aleatorias, y reclama que se respete el marco legal que regula las funciones del profesorado. Recuerda que la Ley Orgánica de Educación, modificada por la LOMLOE, establece que las tareas de los docentes deben centrarse en la enseñanza, la programación curricular y la atención pedagógica. Por su parte, el Real Decreto 286/2023 reafirma que el personal docente tiene asignadas funciones exclusivamente educativas. Además, apelan a la Ley 3/2014 de autoridad del profesorado, que reconoce el derecho de los docentes a desempeñar su labor en un entorno seguro, donde se respete su integridad física y moral.
SATE-STEs insiste en que no se opone al principio de inclusión educativa, que considera esencial en la escuela pública y enriquecedor para toda la comunidad escolar. Sin embargo, reivindica que dicha inclusión debe garantizarse con recursos adecuados, personal técnico cualificado, ratios ajustadas, formación específica para el profesorado y condiciones laborales que eviten el deterioro del clima en el aula y situaciones de riesgo para los docentes.
En este contexto, el sindicato reclama al Ministerio de Educación y a las administraciones competentes que se tomen medidas urgentes para proteger a los profesionales, garantizar la seguridad en los centros y ofrecer una atención digna y especializada al alumnado. La inclusión, advierten, no puede convertirse en un concepto vacío que acabe justificando la desprotección y el abandono institucional de quienes sostienen el sistema educativo desde el aula.
