El Consejo de Gobierno de Melilla aprobará hoy una declaración en contra de la postura de Marruecos de cerrar la aduana comercial en la frontera de Beni Enzar. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, anunció que la declaración será remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado. Son ellos, en definitiva, los interlocutores con el reino marroquí.
Ahora, toca ver si el Gobierno central -que desde el cierre no se ha pronunciado al respecto- tiene el músculo político suficiente para poder negociar con Marruecos la reapertura de la aduana. No se puede dar por amortizada la decisión unilateral del país vecino, mirar hacia otro lado y ver cómo los 100 millones de euros que se estima perdería la ciudad vuelan fuera de Melilla. El quebranto económico puede ser demoledor.
El Ejecutivo central debe pelear con todas las armas a su alcance y poner fin a una situación que llevamos viviendo desde principios de mes.
La decisión que ha tomado el Gobierno de Mohamed VI es muy grave, haciendo saltar por los aires, y por su mano mayor, un acuerdo comercial que está activo desde 1959 y que es importante para Melilla y para muchos empresarios del resto de España. No hay que olvidar que la aduana está reconocida desde hace años por la UE. Es una afrenta que también toca a Europa.
Y desde Melilla, es necesario que todos los actores políticos y económicos de la ciudad presenten un frente común, no puede haber fisuras en la posición de Melilla. Sólo intereses espurios explicarían que alguno no se alinease en defensa de la ciudad.
