Es cerca del mediodía en la plaza de las Culturas en Melilla y en uno de los laterales se ve a un hombre alto y de unos ojos azul profundo limpiando un vehículo que no es suyo. Siempre se le ve por la misma zona, a él y a un compañero suyo.
Son Hussein y Said, dos camareros que trabajaban en una cafetería de esa misma plaza y donde la Policía Nacional tuvo que intervenir tras descubrirse que el dueño encerró a los dos trabajadores en el local tras decretarse el confinamiento.
Allí comían de las donaciones de los vecinos, ya que su jefe no les proporcionaba alimento, dormían, se duchaban, etc. hasta que en julio, la Policía entró en la cafetería.
Hussein hace una pausa mientras limpia el vehículo para decir a este medio que están deseando los dos que salga ya la sentencia y puedan regularizar su situación para trabajar en condiciones normales.
Él estuvo 13 años en dicha cafetería con contrato, pero su compañero Said, durante seis años ha estado ganando 30 euros a la semana sin contrato y haciendo 12 horas. “Queremos nuestros derechos”, dice Hussein.
Clama que desde que tuvo lugar la operación, están viviendo de lo que consiguen ganarse en la calle y gracias a la solidaridad de los vecinos, tienen techo, ropa limpia y comida.
Mientras Hussein habla, una señora mayor bien vestida se acerca a preguntar qué ocurre. Él explica que ella lo conoce desde pequeño y ahora es uno de los principales apoyos que tiene. “¿Cómo vas de espalda Hussein? Necesitas más pastillas?”, le pregunta ella. Él responde que le sigue doliendo bastante, a lo que ella dice, mirando a esta periodista, que ella también tiene dolores en la espalda y como el médico le receta pastillas, aprovecha para compartirlas con Hussein. “Toda la gente nos ayuda, la del ayuntamiento, los militares, todos”, apunta.
Tanto él como Said tienen los meses han pasado en la plaza de las Culturas desde que empezó la pandemia. “Llevamos 27 meses de sufrimiento”, dice Said, al que Hussein también ha llamado para que dé su versión. “Estamos en la calle, no podemos trabajar como personas, tenemos el pasaporte caducado, somos ‘ilegales’ y estamos buscando una solución para ser como todas las personas”.
Subrayan que trabajaron durante años bajo gritos y amenazas y a pesar de estar el caso por explotación laboral en los juzgados, siguen sufriendo el acoso de los hijos de su exjefe. Explican que estos les persiguen con cámaras para grabar lo que hacen y exigirles que digan ante las autoridades que la Policía Nacional “miente” sobre la situación en la que se encontraban, la cual fue calificada de “semiesclavitud” por los agentes.
Insisten en que quieren que salga ya la sentencia para poder regularizar su situación, trabajar con un contrato y poder ir a visitar a su familia en Marruecos, a la cual llevan sin ver estos 27 meses. A finales de este mes de junio tienen un juicio y esperan que sea el último.
