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Los socialistas quieren que se llegue a un pacto por la Educación para elaborar una nueva ley
La representante de la Gestora de los socialistas locales, Sabrina Moh, celebró por el “inicio del fin” de la Lomce, después de que la mayoría del Congreso aprobase este miércoles la suspensión inmediata del calendario de implantación de la conocida como Ley Wert.
La Cámara Baja respaldaba esta semana la iniciativa del Grupo Socialista que contempla la derogación de la actual ley educativa del Partido Popular una vez se haya alcanzado un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de el sistema educativo y se remita un nuevo Proyecto de Ley básica de educación que suponga.
“La Ley Wert se aprobó contra todo y contra todos. Por eso, los socialistas queremos que la nueva ley se apruebe con el máximo consenso”, explicó Moh, que agregó que desde el PSOE se pretende hacer una ley “de calidad, estable y duradera en el tiempo”.
En este sentido, dejó claro que los socialistas “trabajarán en serio y concienzudamente para lograr un Pacto Social y Político por la Educación a través del diálogo constante con el Gobierno y con todas las formaciones políticas representadas en esta Cámara, así como con los representantes de la Comunidad Educativa”.
La socialista defendió la necesidad de parar las reválidas “como paso previo y prioritario que permita comenzar a reconstruir un acuerdo común entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas”.
Moh recordó que el Partido Socialista “viene acreditando desde hace años su voluntad inequívoca de alcanzar un consenso en materia de educación que otorgue perdurabilidad y estabilidad a nuestro sistema educativo”, como en la etapa en que Ángel Gabilondo fue ministro de Educación.
Entonces, “el PP impidió el acuerdo en el último minuto”, recordó. Y, cuando el PP llegó al poder, hizo “exactamente lo contrario”, y con el rodillo de su mayoría, tramitaron y aprobaron la LOMCE, que puso en evidencia “la incapacidad de su Gobierno para buscar un consenso en materia de educación, además de despreciar el diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo”. Además, ha señalado, “se impuso a toda prisa un calendario de implantación inasumible para las Comunidades Autónomas y para los propios centros, poniendo en evidencia, una vez más, que la reforma se había llevado a cabo sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas a la comunidad educativa”.
