El rumbo que marcó un antes y un después de integración en el proyecto europeo (I)

Entre tanto ruido con casos de corrupción que por momentos hacen tambalear los cimientos del Estado de Derecho, más los conflictos bélicos a nivel global que no cesan en su ímpetu atronador de dejar heridas abiertas difíciles de cerrar, el Cuadragésimo Aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE) evocado el 12/VI/2025, reporta cuatro décadas de integración en el trazado europeo, encarnando nada más y nada menos, que el punto de inflexión de un proceso de democratización y modernización para el Reino de España, así como el afianzamiento de su posicionamiento en la palestra internacional.

Esta incorporación concretada con la rúbrica del Tratado de Adhesión y su resultante ingreso el 1/I/1986, constituyó el colofón del aislamiento de cara al panorama mundial y cómo no, a la estabilidad de los valores democráticos.

Como antecedente específico, en aquellos trechos España se emplazaba en el octavo lugar entre los doce miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), en cuanto a exportaciones agrarias. El sector agrícola que por entonces contribuía, poco más o menos, con un 7% al PIB nacional, ha ido disminuyendo su peso hasta ejemplificar escasamente un 2,7%. Esta bajada evidencia una variación considerable del tejido productivo, en parte inducida por la composición en la política agraria común europea que ha originado tanto posibilidades como correcciones dificultosas, como ocurre en el pilar estratégico de la industria agroalimentaria del sector lácteo. En cambio, hoy el dibujo es otro: en 2024, el valor total de la producción agraria ha logrado los 68.340 millones de euros, por los 37.759 millones de la renta agraria.

Ni que decir tiene que España ha logrado un superávit satisfactorio en el comercio agroalimentario, con unas facturaciones que han marcado resultados inmejorables, escalando a más de 71.000 millones de euros. Igualmente, se ha consolidado como el segundo mayor exportador del sector en la Unión, tan solo por detrás de los Países Bajos. Y en el ámbito pesquero prosigue estando como el líder por el número de buques, aunque la marcha de reconversión desde su acceso ha sido extensa. En deferencia a las referencias aportadas por Naciones Unidas y recopiladas por el mismo sector, desde la apertura del nuevo milenio la flota se ha reducido en alrededor de un 30%.

Desde su presentación en la UE, España transitó de ser una nación receptora neta de fondos europeos, acogiendo hasta el 0,8% de su PIB en ayudas, a transformarse en depositario íntegro en tiempos cercanos, sobre todo por no recurrir a los fondos europeos que le vienen o por la repercusión del fondo de recuperación.

Para ser más preciso en lo fundamentado, en 2023, proporcionó más de 13.500 millones de euros al presupuesto comunitario y acogió unos 12.100 millones, aunque ha sido uno de los principales agraciados del fondo Next Generation, con cerca de 48.000 millones hasta 2024. Simultáneamente, el PIB se ha elevado marcadamente de unos 346.000 millones de euros en 1986, a más de 1,5 billones en 2024, proyectando la innovación económica dada, en parte, por estos fondos. En verdad, estas ganancias económicas de la adhesión a la CEE fueron incuestionables. En 1986, la proporción de las exportaciones a la organización política y económica implantada por el Tratado de Roma de 1957, saltó del 53% en 1985 al 60%, mientras que la asignación en el mercado de importación se amplió del 36% al 48%, respectivamente.

Con estos mimbres, durante los treinta y seis años del régimen franquista (1939-1975), los ministros del sector tecnócrata ya habían advertido la trascendencia de encajar con Europa. La primera tentativa puntual se ocasionó en los comienzos de 1962, cuando España reclamó el arranque de conversaciones con la CEE.

Curiosamente, lo que se pensó favorable para España residió en que la respuesta se consideró solícita. Aunque en la carta se indica que España no puede integrarse porque no reside en un sistema democrático, pero están por la labor de construir unos vínculos de molde comercial. Esta objeción empujó a la firma en 1970 del Acuerdo Comercial Preferencial, dando luz verde a la exportación de los países comunitarios. Sin inmiscuir, que únicamente era factible con un cambio de régimen, España podría empeñarse en cualquier momento a ser miembro de pleno derecho.

Posteriormente, el fallecimiento de Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) y la mutación a la democracia (20/XI/1975), invirtieron de raíz las probabilidades de España. De hecho, la Administración de Adolfo Suárez González (1932-2014) alineó como prioridad categórica el alta en la CEE y ya en su primer Consejo de Ministros celebrado el 22/VII/1977, se ratificó el curso de la solicitud de adhesión.

“He aquí el Aniversario de un proyecto que pese a sus fragosidades e inconvenientes, se perpetúa como el mejor punto cardinal que los europeos podemos proyectarnos antes los envites actuales y los que están por llegar”

De este modo, la unanimidad política consiguió el respaldo total del hemiciclo, abarcando las fuerzas nacionalistas y el Partido Comunista. Este consenso era fundamentalmente elocuente, ya que Santiago Carillo Solares (1915-2012) escudaba pragmáticamente que “entrar en la CEE significaba entrar en Europa”. Pero a pesar del frenesí preliminar existente, el sumario se entorpeció por las dificultades económicas, más los años de ETA percutiendo y el fiasco golpista del 23-F. Conjuntamente, el presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020), destapaba indirectas ante la capacidad económica española, reportando que Grecia adquiriera su adhesión en 1981, mientras que España y Portugal continuaban sondeando sus hipótesis.

Repentinamente el escenario permutó con la mayoría incondicional del PSOE, con Felipe González Márquez (1942-83 años) a la cabeza. Ahora, la sociedad española dio el paso y optó por poner en juego lo que es primordial en la democracia: el giro en paz del poder. Sería la ciudadanía española la que finalmente tomó esa determinación y aquello desencadenó una convulsión en el Viejo Continente.

El Presidente del Gobierno fomentó la CEE como premisa preponderante y con Fernando Morán López (1926-2020) y Manuel Marín González (1949-2017), se planteó librar con buen talante las trabas irresueltas de la reforma agraria, la reconversión industrial y la introducción del IVA.

Sin duda, los primeros meses de 1985 fueron decisivos. Me explico: Manuel Marín recapitulaba literalmente que “hubo dos momentos finales complicados: el acuerdo relativo al vino y el paquete pesquero. Y se resolvieron a través de trabajos bilaterales, sobre todo con Francia”. Ya el 29/III/1985, se dio por finiquitado el acuerdo, aunque las reuniones se alargaron hasta el 6 de junio de ese mismo año.

La jornada del 12/VI/1985 quedará para el recuerdo en la memoria de España. Por la mañana se selló el Tratado de Lisboa y horas más tarde tendría lugar el ceremonial en el Palacio Real de Madrid, con la estampa de Jacques Delors (1925-2023), el rey Juan Carlos I (1938-87 años) y más de seiscientos asistentes. Aunque este mismo día quedo enturbiado por los atentados perpetrados por ETA que produjeron cinco fallecidos.

En su alocución que pasaría a la historia, Felipe González dijo al pie de la letra que “para España este hecho significaba la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa Occidental”.

Llegados a este punto, todavía quedaba un obstáculo determinante: el PSOE había propuesto un referéndum sobre la continuación en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero Felipe González entendió el nexo entre la OTAN y la pertenencia íntegra a la CEE.

El referéndum celebrado el 12/III/1986 dispuso la estancia con un 52,2% de las papeletas, allanando irrevocablemente el sendero a esta decisión. Por fin, el 1/I/1986, España y Portugal ingresaron legalmente en la CEE tras más de ocho años de intensas negociaciones.

El Tratado cuyo enunciado completo detalla “Tratado relativo a la adhesión del Reino de España y la República Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica”, en sí es un documento conciso que contiene un Preámbulo y tres Artículos. Y con arreglo al Artículo 1º se apresta que España y Portugal surcarían a ser miembros de la CEE y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Toda vez, que no hace alusión a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, porque el ingreso a la CECA se materializa por decisión y no por medio de un pacto.

Además, en el Artículo 2º, Apartado 2, se menciona que el Tratado entraría en efecto y aplicándose a partir del 1/I/1986, siempre que se hubieren entregado antes de esta fecha los mecanismos de la validación junto a los elementos de adhesión a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. A la par, en este Apartado se indica que si una de las naciones vinculadas no hubiese depositado en su tiempo los instrumentos de ratificación y de adhesión, el Tratado sólo entraría en vigor para el estado que lo realizó.

El Tratado de Adhesión lleva asociada un Acta amplia, su título es “Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados”. Contiene 403 Artículos, mas 36 anejos y 25 protocolos que según el Artículo 400 del Acta de Adhesión, forman parte integrante de ésta. Por último, consta de un Acta Final con 49 Declaraciones anejas, de las que una son Declaraciones comunes a los Doce; otras Declaraciones comunes a los Diez y España o a los Diez y Portugal; otras Declaraciones de uno u otro de los países adherentes y, en conclusión, otras son Declaraciones del Gobierno de la República Federal de Alemania.

Este acomodo se plasma gradualmente por las denominadas fases transitorias o derogaciones transitorias, para la aceptación de España de claros componentes de la pertenencia comunitaria que no se contraen desde la propia adhesión. Y a este tenor se establecerán las formas de asunción escalonadas de estas unidades del acervo objeto de derogaciones provisorias.

Lo cierto es que tres años y medio más tarde de su afiliación, España puso en escena su divisa nacional (peseta) al ‘Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo’, instituido desde 1979 por Italia, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Luxemburgo. No ha de soslayarse que España fortaleció su envite integracionista conviniendo en 1991 el Acuerdo de Schengen, profundizando para ello en la concepción de una ‘Europa sin Fronteras’. Y como no podía ser de otra manera, conjeturó la exclusión paulatina de los inspecciones en las fronteras entre los Estados miembros.

Poco después llegó la rúbrica del Tratado de Maastricht (1992) y se confirió a la UE de su designación de hoy, al igual que del croquis de la hoja de ruta hacia una moneda común. Ese mismo año, durante la Cumbre de Edimburgo (11-12/XII/1992), los Estados miembros establecieron el distinguido Fondo de Cohesión para planes de medio ambiente, infraestructuras de transporte y energía en naciones con un margen de renta por debajo del 90% de la media de la UE. Como resultado de ello, España logró junto al resto de los fondos estructurales admitidos, un valioso armazón para la reactivación y el impulso regional.

En las últimas jornadas de 1995, convergiendo con la terminación de la segunda Presidencia española de turno de la UE, se decidió en Madrid el nombre de “euro” para la moneda común europea, cuya incrustación se originó de manera exitosa en los primeros días del año 2002. Sin lugar a dudas, este acontecimiento hizo a España colaborador, como miembro fundador, de la nueva divisa europea que ha significado el éxito eficiente de un proyecto uniforme como la UEM, que aguarda a la integración económica de los Estados miembros. Desde entonces, España ha desplegado un protagonismo dinámico en el edificio del proyecto europeo, involucrándose en la negociación de los tratados de Ámsterdam (1997), Niza (2001), el fallido Tratado Constitucional (2004) y Lisboa (2009). También ha concurrido al desarrollo de políticas de cohesión con aportes continuos en esferas tan desiguales como la diversidad cultural y lingüística, así como reasentando su rastro en las conexiones exteriores.

España ha ejercido la Presidencia de turno semestral del Consejo en cuatro momentos, dos de ellos (1989 y 1995) durante los Gobiernos de Felipe González; la tercera (2002) con José María Aznar López (1953-72 años); y la última (2010) con José Luís Rodríguez Zapatero (1960-64 años). El empeño de España con la evolución de construcción europea ha sido apasionado, al entrever Europa como un indicativo de libertades y bienestar. Deducción por la que con independencia de las diversas direcciones, ha alentado continuamente una mayor composición política y económica.

La implicancia de España se ha confirmado en la trascendente tarea delegada de los muchos españoles que han desempeñado altos cargos en los organismos europeos. Además, el Parlamento Europeo ha sido dirigido por españoles en tres ocasiones. Llámense Enrique Barón (1989-1992), José María Gil-Robles (1997-1999) y Josep Borrell (2004-2007). Por otro lado, Javier Solana y de Madariaga (1942-82 años) empeñó durante una década el puesto de Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común. De la misma forma, la Comisión Europea, entidad depositaria de los Tratados de la Unión, ha contado con la talla ilustre de españoles en sus concernientes carteras de comisarios europeos, como Marcelino Oreja Aguirre (1935-90 años), Pedro Solbes Mira (1942-2023), Ignacia de Loyola de Palacio (1950-2006), Abel Matutes Juan (1941-83 años), Manuel Marín González (1949-2017), Joaquín Almunia Amann (1948-77 años) y Miguel Arias Cañete (1950-75 años).

Trazado lo anterior, la UE es por excelencia el marco natural de desarrollo político y económico y es por ello que España adopta sus encargos induciendo una Unión más vigorosa, democrática y adyacente a los ciudadanos, y preparada para contestar a los desafíos y carencias del siglo presente. Con lo cual, el tiempo transcurrido desde el intervalo en que se ensambló a la CEE, ha caminado por momentos complejos. Lo que actualmente es la UE ha variado de modo incontestable. La cantidad de Estados miembros ha aumentado y los valores junto a la razón de ser de la Unión, así como sus leyes y políticas han evolucionado.

Obviamente, el cúmulo de acciones han desembocado en derivaciones directas para el horizonte cultural, económico y social, y la gobernanza política de Europa que se ha proyectado en el avance de la gobernanza con unos entes locales y regionales con responsabilidades cada vez superiores a la hora no ya solo de adecuar los principios y propósitos de la UE, sino igualmente de satisfacer su devenir.

Los territorios y ciudades ensanchan un cometido capital dentro de la UE. Las administraciones locales y regionales son garantes de la implementación de una vasta sucesión de legislaciones y políticas sobre el terreno. O lo que es igual: tratan directamente un volumen importante de inversiones públicas y, a su vez, son las encargadas de facilitar la amplia mayoría de los servicios públicos. Y al ser la línea de gobierno más próxima al ciudadano, los entes regionales y locales poseen validez democrática explícita.

Es así como la intervención e influjo de las ciudades y regiones dentro del proceso de toma de decisiones en la UE no únicamente es cardinal, sino que se hace imprescindible si pretendemos asentar una Europa más democrática.

“A fin de cuentas, Europa, es el pasado, el presente y el futuro común que nos entronca, por eso tenemos que encomiar estos años fusionados. Y Europa no se concibe sin España y mucho menos, España sin Europa”

Esta es la lógica por la que acto seguido de la adhesión de España a la UE, los Estados miembros rubricaron el Tratado de Maastricht, por el que se instauró el Comité Europeo de las Regiones, confiriendo a los agentes locales y regionales una función razonable para elegir la mejor elección entre varias alternativas. El Comité constituye nada más y nada menos, que la opinión de las regiones y ciudades del continente europeo, se centraliza en Bruselas para dotar de hechura a la legislación y toma de decisiones, apuntalándose sobre el principio de subsidiariedad. Es decir, la impresión de que los acuerdos han de cristalizarse lo más cerca posible del ciudadano.

Como es sabido, se aprobó después del Tratado de Lisboa, el cual proporcionó al Comité el derecho de iniciar pasos legales en cualquier contexto en la que se contravenga el principio de subsidiariedad.

En pocos años el Comité de las Regiones ha pasado de ser un órgano discurrido sobre una cifra definida de cuestiones, a convertirse en el fiador de la complicidad local y regional junto a la gobernanza multinivel del proceso de toma de decisiones. Hasta el extremo, de ser el causante del principio de subsidiariedad, como el incondicional de una mayor colaboración territorial y sostenedor de los valores elementales de la Unión dentro de sus límites fronterizos y más allá de éstos.

Ahora, los Estados miembros, las otras corporaciones o las diversas organizaciones internacionales y los entes regionales y locales de la UE, identifican el funcionamiento político del Comité Europeo de las Regiones y su potencial para contribuir en la toma de decisiones.

Ya desde los inicios, las entidades territoriales que gestionan asuntos de interés público, han desplegado una labor activa dentro del Comité. Pero para conseguir la meta de una intensificación inteligente, sostenible e integradora, la UE precisa hacer integrante en mayor magnitud a los intermediarios locales y regionales.

Una financiación clarividente ha de fundamentarse en los requerimientos locales, servirse de las mejores experiencias en las cotas más afines al ciudadano e inspirar otro brío resuelto para Europa. Y en estas voluntades por incentivar el desarrollo, la Unión no ha de eludir las ocasiones que brindan el automatismo de dispositivos electrónicos para producir, almacenar y procesar información.

Dicho lo cual, el futuro de Europa debe ser más inteligente, ecológico e inclusivo, cimentado sobre una economía y sociedad más equilibrada territorialmente. Y para cosecharlo las regiones y ciudades de la UE son indistintamente necesarias, desenvolviendo sus recursos y potencial de cambio.

La Unión no puede facilitar la respuesta conclusiva, pero es la punta de lanza para determinar la fuerza de gravedad y consolidar la gestión y el intercambio de conocimientos.

En consecuencia, quedando en pausa la primera parte de esta disertación, en los años transcurridos desde que España diese el paso de abrazarse a Europa, es indispensable hacer una reflexión recóndita acerca de un proyecto que, pese a sus muchas fragosidades e inconvenientes, se perpetúa como el mejor punto cardinal que los europeos podemos proyectarnos antes los envites actuales y los que están por llegar.

Variables intervinientes como la crisis económica, el desempleo, las divergencias sociales o las reivindicaciones competitivas de la globalización, son algunas de las piezas de este puzle que a modo de rompecabezas, a duras penas puede darse una crítica sin encontrarse dentro del marco europeo, sobrepasando trances de toda índole. Y producto del proyecto de construcción europea, cuatro décadas más tarde, los ciudadanos españoles gozamos de una parte ineludible proveniente de esa suma de derechos y oportunidades que hemos alcanzado y al que pocos europeos desistirían en los tiempos irresolutos que corren.

Finalmente, en un universo empedrado de innumerables rivalidades y escepticismos como los habidos, es esencial trabajar cogidos de la mano y para ello es de obligado cumplimiento enraizar una sólida conciencia y reconquistar la identidad europea que nos ha caracterizado. Una identidad, valga la redundancia, pendida en las libertades, el pluralismo democrático y la singularidad social de las políticas públicas, pero sobre todo, el humanismo.

A fin de cuentas, Europa, es el pasado, el presente y el futuro común que nos entronca, por eso tenemos que encomiar estos años fusionados. En este momento, Europa no se concibe sin España y mucho menos, España sin Europa.