La vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, negó ayer tajantemente que el Gobierno local haya puesto trabas al derecho a la información del Grupo Populares en Libertad (PPL), tal y como señalaron desde dicha formación política el lunes, a raíz de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al Ejecutivo melillense a dar acceso al diputado de PPL Julio Liarte a las sentencias en las que ha sido parte la Ciudad Autónoma entre los años 2009 y 2011.
Rivas, en declaraciones realizadas a El Faro, aclaró que nunca se rechazó el acceso de Liarte a dicha información, sino que pidieron a su formación política que concretara qué documentación querían examinar exactamente. “Estamos hablando de más de 500 sentencias”, subrayó la vicepresidenta de la Asamblea. “Dada la gran amplitud de los textos que estaban pidiendo, les demandamos que detallaran qué expedientes querían. Jamás le negamos a Liarte su derecho a la información. Es una gran mentira”, apuntilló.
Asimismo, indicó que el Consejo de Estado especifica que en estos casos se debe matizar la sentencia que se solicita. “Se trata de documentos relativos a tres años de gobierno que atañen a todas las consejerías. Se cumplirá lo dictaminado por el TSJA, pero tardaremos tiempo en reunir toda la información”, advirtió. No obstante, no aclaró si PPL recibirá una copia de toda la documentación o únicamente se les mostrará, como ocurre con otros expedientes que la oposición reclama examinar.
“Todo es mentira”
En cuanto a la intervención que realizó ayer el líder de PPL, Ignacio Velázquez, ante los medios de comunicación para hablar sobre la resolución del TSJA, Rivas criticó que “siempre que viene a Melilla es para confundir y engañar a la opinión pública”. Para la vicepresidenta de la Asamblea, desde PPL van “de mentira y mentira” y siempre acaban cayendo “en la manipulación absoluta”.
Volviendo a la sentencia del TSJA, resaltó que la Ciudad Autónoma, además de mostrar la documentación requerida a los diputados de PPL, deberá sufragar las costas judiciales derivadas del proceso. “Acataremos lo que dice la Justicia”, apuntó. “Nunca hemos impedido el acceso a la información a ningún representante de la Asamblea. En este caso la petición de PPL era muy difícil de cumplir materialmente y pedimos que se centraran”, concluyó.
En concreto, el TSJA ha condenado a la Ciudad Autónoma al pago de las costas procesales al desestimar el recurso que presentó contra la resolución del Contencioso - Administrativo número 1 de Melilla, la cual obligaba al Gobierno local a informar al diputado de la formación Julio Liarte sobre las sentencias en las que había sido parte la Ciudad Autónoma entre 2009 y 2011.
