La comisión del Reglamento resolvió ayer las 30 enmiendas presentadas y la próxima semana podría llevarse al Pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva.
La comisión del Reglamento de la Asamblea (RA) se reunió ayer para resolver las 30 alegaciones que se han presentado durante la exposición pública del documento y que, según informó la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, la mayoría de ellas han sido realizadas por “personas conocidas y afines a Populares en Libertad (PPL)”. Estas alegaciones se centran en aspectos del RA tales como la tramitación de las mociones, la utilización de los servicios jurídicos de la Ciudad o el registro de intereses de los diputados de la Asamblea melillense.
Una vez finalizado este trámite, Rivas adelantó que para la próxima semana es muy posible que se convoque al Pleno de la Asamblea para proceder a la aprobación definitiva del nuevo Reglamento, que, con su entrada en vigor, la primera experiencia que tendrá será el Pleno de Control preceptivo que se celebrará a finales de este mes.
Como ya expresó la vicepresidenta primera de la Asamblea a El Faro anteayer el RA se aprobará “con una amplia mayoría”, a pesar de las críticas “poco constructivas de PPL” e incluso el anuncio de esta formación política de impugnar el Reglamento, como anunciaron sus dirigentes hace algunas semanas.
“Populares en Libertad han estado y están no solamente en contra del nuevo Reglamento sino de todo lo que hace el Gobierno y mienten descabelladamente”, aseveró la vicepresidenta ante las constantes críticas que los dirigentes de PPL han vertido en las últimas semanas en relación al RA. “A los integrantes de PPL no les importa Melilla y únicamente se dedican a insultar, a calumniar, a injuriar y a mentir”, concluyó Rivas.
Las solicitudes de información sobre documentos
Por otra parte, Rivas quiso zanjar ayer la polémica con PPL sobre la sentencia del Contencioso en la que “no se vulnera los derechos de la oposición”, tal y como sostenía el diputado de esta formación política, Julio Liarte. PPL pidió información sobre las sentencias en las que la Ciudad estaba implicada entre los años 2009 y 2011 en diciembre del año pasado. Rivas contestó a este escrito, solicitando a PPL que especificara qué tipo de expedientes y en relación a qué Consejería y ateniéndose a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1995 y de 28 de mayo de 1997 que establece que “las peticiones de información han de referirse a documentos concretos y no a listados genéricos de documentos”. Las hojas de la solicitud de información de Liarte a la Asamblea y la respuesta al mismo fueron facilitadas por la propia Rivas a los medios de comunicación así como el fallo de la sentencia del Contencioso, donde, insistió Rivas, “no se condena a la Asamblea porque el juez no considera que se haya vulnerado ningún derecho de los grupos de la oposición”.
