La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Melilla, Laura Segura, ha mantenido una reunión formativa con la Consejería de Igualdad de la Ciudad Autónoma con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito local.
Este encuentro se enmarca en la línea de trabajo impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, orientada a mejorar la gestión, control y ejecución de estos recursos públicos por parte de las administraciones territoriales.
Durante la sesión se abordaron los criterios y directrices establecidos a nivel estatal para asegurar que los fondos se destinen a actuaciones directamente vinculadas con la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género. Asimismo, se explicaron los requisitos generales que deben cumplir las iniciativas financiadas y se compartieron herramientas destinadas a facilitar su correcta implementación.
En este contexto, también se puso el foco en la importancia de seguir una línea de actuación homogénea, alineada con las medidas recogidas en el Pacto de Estado. Para ello, se trasladaron pautas de buenas prácticas con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y reforzar su impacto en la sociedad.
La reunión responde a la necesidad de reforzar el seguimiento de estos fondos y evitar desviaciones en su finalidad, asegurando que cada actuación financiada contribuya de manera efectiva a la lucha contra la violencia de género.
Cabe recordar que, según se ha informado recientemente, Melilla recibirá 2,269 millones de euros del Gobierno de España en 2026 para reforzar la lucha contra la violencia de género. Esta dotación económica se enmarca dentro del reparto estatal de fondos del Pacto de Estado y permitirá impulsar nuevas actuaciones y consolidar programas ya existentes en la ciudad.
En este sentido, encuentros como el celebrado permiten avanzar en una gestión más rigurosa y coordinada de los recursos, fortaleciendo la respuesta institucional ante esta problemática.
Además, esta coordinación facilita que las administraciones implicadas trabajen con criterios comunes y ajustados a los objetivos marcados por el Estado.