Según lo previsto en la Ley de Régimen Electoral. Si Coalición por Melilla opta por acudir a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para presentar una impugnación general o parcial contra los resultados electorales del pasado 22 de Mayo en Melilla, la nueva Asamblea de la Ciudad Autónoma no se constituiría hasta el próximo 1 de julio, el lugar de este sábado, día 11, como inicialmente está previsto conforme al calendario regulado por la LOREG (Ley Orgánica Electoral General).
En tal caso, se iniciaría un procedimiento que comenzaría con la presentación del recurso electoral, dentro de los tres días naturales a contar desde que reciban oficialmente la notificación de la proclamación de candidatos efectuada ayer mismo por la Junta Electoral de Zona.
Posteriormente, hasta el día 17 de junio, la candidatura autora del recurso y el resto de las participantes en estos últimos comicios podrán presentar sus respectivas alegaciones, para después hasta el día 23 acogerse al plazo para la remisión de pruebas. La sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debe dictarse no más tarde del día 27 de junio, aunque también es posible que no admitiera a trámite el recurso, en cuyo caso la resolución se produciría con anterioridad, pero sin que esto alterara la fecha del 1 de julio para la constitución de la Asamblea.
A falta de más detalles por parte de CpM, que desde el viernes 26 de junio no ha vuelto a convocar rueda de prensa, sólo queda constancia de su interés por impugnar las elecciones en la reclamación que presentó ante la Junta Electoral Central, donde venía a impugnar los resultados en sendas mesas del Juan Caro y León Solá en las que, según denunció, se sucedieron irregularidades, así como “otras mesas” que no precisaba pero en las que, aseguraba, votaron interventores del PP que ya habían formulado previamente su voto por correo. En su reclamación, CpM calificaba “estos y otros hechos de suma gravedad” y aludía también, aunque de forma genérica. a la “compra masiva de votos alterando la libre voluntad de los ciudadanos de determinados distritos”:
En el mismo escrito, ya anunciaba que iba a interponer la correspondiente impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo previsto en la LOREG, “con la finalidad de anulación por inobservancia de garantías del voto”, y posible “fuerte manipulación del voto por correo” que, según los cepemistas, “debe ser investigada judicialmente”. Según CpM, el PP ha comprado el pasado 22-M entre 1.880 votos y 2.200, aunque jamás ha explicado en qué se basa para precisar tanto la horquilla y sólo ha aludido a “numerosos testimonios” de personas que, aseguran los cepemistas, han acudido a informarles de que su voto fue comprado. Por su parte, el PP sostiene que CpM ha obtenido entre 3.000 y 4.000 votos gracias a una “sucia campaña” que ha originado denuncias policiales y apertura de diligencias judiciales.
