Tras regresar a la ciudad para poder recoger sus pertenencias, una estudiante del Campus de Melilla de la Universidad de Granada que estuvo residiendo durante este curso académico en la Residencia de Estudiantes y Deportistas de Melilla ha tenido que pagar 95,55 euros por concepto de la consigna de sus pertenencias porque, según el gerente, "se podía viajar sin problemas desde principios de mayo". Así lo ha denunciado en El Faro, Salvador, el padre de esta estudiante y además comunicó que pondrá una reclamación en el área de Consumo de la Ciudad Autónoma.
Al llamar a la Residencia para preguntar la razón del cobro de este importe, el responsable les dijo que desde principios de mayo con el inicio de las fases de desescalada del estado de alarma se podía hacer uso de trayectos en barco por lo que la joven podía haber acudido a la ciudad para recoger sus cosas. Su contrato en la residencia finalizaba el 31 de mayo, pero desde ese momento hasta el 22 de junio, cuando se han levantado las restricciones de movilidad, se ha cobrado a los estudiantes esa consigna, sin tan siquiera comunicar que se iba a hacer.
Sin embargo, ante la duda decidieron, consultarlo con la Delegación del Gobierno en Melilla para saber si era posible, y desde la institución le han comunicado que no ha sido hasta ahora, con el último decreto de la 'nueva normalidad', cuando se han abierto las conexiones con la península con normalidad, y que antes durante el estado de alarma solo podían desplazarse aquellas personas cuyo motivo era inaplazable y se encontraba recogido dentro del artículo 7.1 del Decreto 463/2020 del 14 de marzo. Estos motivos eran razones médicas, desplazamientos personal de personal sanitario o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o traslados a al lugar de residencia habitual.
Por lo que el caso de esta estudiante en cuestión, y de muchos otros universitarios residentes en otras ciudades de españolas, no podían viajar hasta Melilla para recoger sus pertenencias durante el estado de alarma, como al parecer le sugería el responsable de la Residencia de Estudiantes a Salvador y a su hija. Como su caso han podido darse muchos más, de hecho, según cuenta el padre de la universitaria, los responsables de la residencia le contaron que había decenas de chicos y chicas en su misma situación.
Desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo sumieron los costes hasta el final del contrato. Reconoció que lo que molesta no es la cantidad, porque por suerte se lo pueden permitir aunque otras familias no puedan decir lo mismo, sino que lo hayan cobrado, que hayan dado esos argumentos y además no hayan hecho ningún tipo de comunicación al respecto de esa cuota de consigna.
"Nos sentimos indefensos como consumidores y como ciudadanos. Hemos sido prudentes cumpliendo lo que las autoridades civiles y sanitarias nos iban señalando y resulta que como consecuencia de esos actos ahora una empresa sin muchos escrúpulos pretende penalizarnos económicamente", lamentó Salvador. Aseguró que también han estado pendientes de todas las noticias y comunicaciones para pode viajar a Melilla a recoger las pertenencias de su hija.
