Uno de los ejes del Plan Estratégico que el Gobierno central ha encargado a Tragsa para sentar las bases de un futuro estable y seguro para Melilla pasa por incrementar la presencia del Estado en la ciudad. En algunos ámbitos quizá no sea necesario incrementar, sino simplemente consolidar.
Es lo que plantea la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) sobre la permanente rotación de funcionarios de la Benemérita adscritos a unidades especializadas que a lo largo del año van pasando por la ciudad. El Instituto Armado carga por esa política con sobrecostes millonarios que podría evitar, contribuyendo además con toda probabilidad a mejorar el servicio con agentes destinados de forma estable en la ciudad.
Las USECIC son unidades de reserva de ámbito provincial “capacitadas para el apoyo operativo a las Compañías y Puestos Territoriales en las tareas de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana”. Si las necesidades de Melilla en ese ámbito son permanentes, como es obvio, no tiene sentido recurrir de manera indefinida a parches temporales cuando, además, no hay argumento económico que sostenga esa política.
Al margen del déficit de efectivos reconocido por la Dirección General de la Guardia Civil, atender la petición de la AEGC serviría para equiparar la Comandancia local a las otras muchas que ya tienen unidades de esas características sin singularidades como las locales que la hacen más necesaria que en casi cualquier otro contexto.
En el mismo sentido, la Policía Nacional también debería hacer un estudio a fondo de los recursos que precisa con carácter estable en Melilla para prestar sus servicios en las condiciones necesarias y dar los pasos oportunos para satisfacerlas con personal efectivamente radicado en la ciudad, no en permanente rotación, también por el peso intangible que en el imaginario colectivo genera esa apariencia de inconsistencia en la gestión de los recursos estatales.
Melilla merece contar con los recursos necesarios para garantizar su seguridad, en igualdad con el resto del territorio nacional y mientras no se cubran estas necesidades, los melillenses están siendo objeto de una discriminación por parte del Gobierno. La situación no es nueva, viene de lejos, pero es imprescindible que se ataje cuanto antes.
