La reacción sindical es por primera vez más airada que nunca frente al Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. La de la ciudadanía no lo es menos, y entre ésta lo es especialmente en el sector de funcionarios y empleados públicos que en Melilla representa nada más y nada menos que un 47% de la población activa y con empleo en nuestra ciudad.
Los recortes que el Gobierno de la Nación aprobará mañana en la reunión del Consejo de Ministros no son comprensibles después de que el mismo Ejecutivo desoyese las advertencias varias que estaba provocando su política de aumento desaforado del déficit público.
Las imposiciones que Europa ha impuesto a España son una prueba del fracaso de la política económica de Zapatero, empeñado en no querer asumir la realidad y ufano en vender una supuesta política social que ahora tendrá que retrotraer en perjuicio precisamente de esos sectores a los que decía querer favorecer especialmente, tal cual son las clases medias bajas, la mayoría de los funcionarios y los pensionistas de este país.
Otras fórmulas serían posibles para controlar el gasto y reducir la deuda pública. El correctivo a las imprudencias del Gobierno Zapatero no debe ser a costa de los asalariados.
