Marruecos niega que su Policía haya incurrido en violaciones de derechos humanos durante el salto a la valla del 24 de junio que se saldó con al menos 23 muertos en el paso de Barrio Chino.
En la respuesta a la ONU, el Gobierno marroquí afirma que "ningún elemento de aplicación de la ley ha sido implicado en posibles violaciones de derechos humanos" en la valla de Melilla.
Como consecuencia de ese salto, además de los 23 muertos que reconoce Marruecos y que la ONG Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) eleva a 70, incluyendo los desaparecidos, el Gobierno del país vecino asegura haber arrestado tras el salto a la valla a 62 migrantes. De ellos, 55 son sudaneses, 5 de Chad y 2 de Sudán del Sur. Sólo uno quedó en libertad provisional y fue trasladado a las inmediaciones de la frontera con Argelia, donde quedó al amparo de la ONG Jóvenes discapacitados y sus amigos de la ciudad de Oujda.
Los 61 migrantes detenidos tras el salto han sido juzgados, según Marruecos, "con todas las garantías" que les amparan en los artículos 23, 66 y 67 de la Constitución marroquí y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular del artículo 14 sobre el debido proceso.
Las sentencias empezaron a llegar el 19 de julio de 2022 cuando el Tribunal de Primera Instancia de Nador condenó a 33 de los migrantes detenidos en el salto a la valla del 24 de junio a 11 meses de prisión (cada uno) y a una multa de 500 dirhams. Estaban acusados de facilitar la entrada y salida de Marruecos, así como delitos de injuria y violencia contra servidores públicos.
Otros 13 migrantes sudaneses fueron condenados a dos años de cárcel y a pagar 10.000 dirhams. Contra ellos se presentaron cargos relacionados con la pertenencia a banda criminal destinada a la organización de la emigración irregular. También por ingreso y permanencia irregular en Marruecos; violencia premeditada contra la Policía y daños a bienes y servicios de utilidad pública.
El 9 de septiembre, fecha en la que se envió el escrito a la ONU, estaba pendiente de ser juzgado un tercer grupo de 15 personas procedentes todas de Sudán, que estaban citadas para su juicio el pasado 21 de septiembre.
El informe que Marruecos envió a la ONU no incluye el endurecimiento de las penas que posteriormente dictó el Tribunal de Apelación de Nador contra los migrantes que recurrieron la primera condena y que recibieron sentencias condenatorias de tres años de cárcel.
