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Quevedo acusa al PSOE de frenar el desarrollo del turismo de cruceros por intereses partidistas

Asegura que Lucía Rubio tiene intereses personales porque es familiar directo de un concesionario de dos locales que ya no tiene licencia

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) ha salido al paso de las críticas del Partido Socialista con un duro comunicado en defensa del desarrollo del turismo de cruceros como un motor económico clave para la ciudad. El presidente de la entidad, Manuel Ángel Quevedo, acusa a la nueva representante de la Delegación del Gobierno en el Consejo de Administración, Lucía Rubio, de intentar torpedear un proyecto que, según afirmó, generará empleo estable y dinamizará el tejido productivo local.

“El desarrollo del turismo de cruceros es una oportunidad importante para la economía de Melilla”, afirma Quevedo, quien considera que la reciente implantación en la ciudad de una empresa internacional como ITM, especializada en este tipo de turismo, abre la puerta a una nueva etapa de crecimiento económico y proyección exterior.

“Va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo que ayudará a desarrollar nuestro potencial turístico”, sostiene el presidente portuario, subrayando que se trata de una de las pocas empresas de este perfil en el mundo y que no existe ninguna española en el sector.

En su comunicado, la APM lamenta que el consenso político que se había mantenido en torno al proyecto dentro del Consejo de Administración haya empezado a resquebrajarse tras la incorporación de la nueva consejera del PSOE, quien, según denuncia Quevedo, ha mostrado su rechazo desde antes de tomar posesión, “sin conocer los pormenores ni el alcance económico y social que constituye este salto”.

El presidente portuario va más allá y vincula esa oposición a un posible conflicto de intereses personales, ya que un familiar "muy directo" de Lucía Rubio habría perdido recientemente la concesión de dos locales en el Puerto Deportivo destinados a academia, cuya autorización finalizó en 2024 tras una prórroga extraordinaria de nueve meses. Para Quevedo, resulta “aún más triste” que se actúe “contra el beneficio de los melillenses por intereses personales”.

En este sentido, recuerda que el nuevo muelle de cruceros comenzó a proyectarse a finales de 2023 y que desde entonces ya se preveía la necesidad de disponer de espacios en el Puerto Deportivo para actividades complementarias. La APM sostiene que los locales ahora concesionados a ITM estaban vacíos desde hace años, algunos incluso desde la apertura del puerto en el año 2000, sin que existieran otros peticionarios.

“La APM hace una inmejorable gestión de sus recursos al concesionarlos, incrementando notablemente los ingresos anteriores”, señala el comunicado. Además, se aclara que se mantienen las autorizaciones a los locales de hostelería, náutico-deportivos o comerciales “que son propios del puerto o pueden ser complementarios al uso de cruceros”. Los únicos cierres, afirman, se han producido por causas ajenas a la concesión, como problemas económicos, usos no autorizados o actividades fuera de licencia.

La Autoridad Portuaria también carga contra el modelo económico defendido por los socialistas, a quienes acusa de preferir “un sistema basado solo en los planes de empleo que controlan”, frente a la creación de empleo estable mediante inversión privada. En esa línea, se recuerda el perjuicio que causó al comercio local el cierre de la frontera comercial en 2018, coincidiendo con la llegada de la entonces delegada del Gobierno, Sabrina Moh, así como la posterior paralización total del tráfico de mercancías.

A modo de ejemplo, el comunicado menciona que en otros puertos de la península donde también está en marcha el desembarco de ITM, las autoridades están tan interesadas en facilitar su implantación que incluso han rescatado concesiones vigentes, asumiendo indemnizaciones de varios millones de euros.

La respuesta de la APM se produce tras las declaraciones del PSOE, que cuestionaron duramente la política portuaria del Gobierno local del PP. En un comunicado recogido por El Faro de Melilla, los socialistas denunciaron supuestas irregularidades en la gestión del puerto, así como la entrega de espacios públicos a manos privadas sin suficiente transparencia ni debate institucional.

Quevedo rechaza estas acusaciones y considera que la actitud del PSOE responde tanto al “desconocimiento” sobre la industria de cruceros como a una voluntad de bloquear el avance económico de Melilla. “Defienden los intereses de unos pocos en contra de los intereses de muchos”, afirma el presidente, quien concluye reclamando a la consejera socialista que “reflexione, se informe y ejerza su cargo basándose en el interés general de los melillenses y del Puerto de Melilla”.

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