¿Qué va a pasar de verdad con la bonificación del 50% a las cuotas patronales a la Seguridad Social? ¿Es cierto que el Gobierno va a retrotraer todo para dejarlo como estaba antes del 1 de septiembre del pasado año 2023? ¿Por qué si es así continúa la ministra Elma Saiz defendiendo en Ceuta el actual sistema? ¿Por qué no se pone una fecha si lo que se pretende es devolver la situación al estado anterior?
Son muchas las preguntas que rodean al futuro de esa bonificación y eso crea una incertidumbre y una inseguridad jurídica muy poco compasiva con lo que Melilla necesita para salir adelante, que es certezas y garantías para que el dinero, miedoso de por sí, pueda llegar en forma de inversiones que creen puestos de trabajo.
Es preocupante el dato que dio ayer la diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, acerca de la supuesta trampa que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez para ralentizar la tramitación de leyes en el Congreso. El PSOE no tiene garantizada una mayoría absoluta que le permita legislar y, en consecuencia, recurre a prórrogas en los plazos de presentación de enmiendas, por ejemplo, para eternizar los trámites parlamentarios.
Puede que esa sea la razón por la que la delegada, Sabrina Moh, es incapaz de dar fechas, aunque sean aproximadas, de cuándo se podría poner en marcha el sistema de bonificaciones tal y como estaba concebido en 2004. Posiblemente ella ni sepa cuáles son las intenciones de un Gobierno que, si realmente piensa en los melillenses, está tardando muy mucho en volver a dotar a la ciudad de un elemento imprescindible en su régimen económico y fiscal especial: bonificar de forma directa las cuotas empresariales a la Seguridad Social en un 50%.
Mientras esta cuestión sigue siendo un tira y afloja entre partidos, Melilla languidece ante un incierto futuro económico y cualquier iniciativa conducente a modificar el modelo productivo de la ciudad seguirán siendo muy buenas intenciones con poca materialización en la práctica.
A veces da la sensación de que se quiere dejar morir a una ciudad cuya soberanía reclama Marruecos, no sólo ya por esto de las cuestiones económicas, sino también de las sanitarias. Aunque la salud de los melillenses y una buena atención asistencial están en juego, la ministra responsable, Mónica García, se dedica a poner tuits hablando de reducir la jornada laboral de los trabajadores.
Como muy bien le recordaba por la misma red social el presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Justo Sancho-Miñano, la ministra debería dejarse de hacer "campañas absurdas por ahí" y ponerse a gestionar lo poco que tiene sobre la mesa, que son la sanidad en las dos ciudades autónomas.
El pediatra César Feliú, miembro de la dirección del Sindicato Médico, tampoco se ha quedado atrás. "Empiece por eliminar las jornadas de 80 horads semanales en Ceuta y Melilla y hacer que se cumpla el Estatuto Marco en los dos únicos hospitales que gestiona y ya después dedique su tiempo a incumplir promesas de político mediocre", le responde.
Meses para conseguir cita con el especialista y meses para que pase la correspondiente consulta, esa es la realidad a la que se enfrentan los ciudadanos que no tienen posibilidades económicas de asistir a un médico privado o una clínica peninsular donde se les trate como lo que son: personas con dolencias que la sanidad pública tiene la obligación de atender.
