La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE) publicó la semana pasada su último informe sobre vulneración de garantías esenciales en territorio comunitario. Como viene siendo habitual en este tipo de estudios, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta tuvieron su hueco en el documento.
En concreto, el ente supranacional hacía referencia a la práctica conocida como ‘devoluciones en caliente’ y la posibilidad de que éstas vulneren los derechos humanos. De hecho, la FRA, un ente creado por la propia Unión en 2007, pone en tela de juicio esta medida y su compatibilidad con el derecho de migrantes y refugiados a solicitar asilo.
Esta postura, sin duda, puede confundir a más de un lector, puesto que el Ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, dijo avalar el “marco legal” de los rechazos en frontera tal y como están descritos en la Ley de Seguridad Ciudadana. En la norma se explica que si las personas que llegan a Melilla o Ceuta quieren pedir asilo, pueden hacerlo en unas oficinas habilitadas a tal uso en los puestos fronterizos.
Dejando a un lado el debate abierto por diferentes organizaciones sobre el hecho de que una cosa sea el “marco legal” y otra lo que se hace a pie de valla, parece que Bruselas está siguiendo una línea diferente a la de la FRA (que se encarga de hacer seguimiento al cumplimiento de los derechos fundamentales en territorio europeo) siendo ambas instituciones comunitarias. O éso, o los dos entes creen que protegen lo mismo: la defensa y garantía de los derechos humanos.
Hay que resaltar que El Faro ha intentado resolver la duda aquí planteada, buscando unas declaraciones de la Comisaría de Migraciones del Ejecutivo comunitario. Sin embargo, la respuesta ha sido que Dimitris Avramopoulos no concede entrevistas.
No se sabe, pues, si la Comisión avala la política migratoria de España o no. Tampoco si la Unión en su conjunto tiene claros los parámetros para marcar las líneas a seguir en este asunto.
Sólo hay que recordar la polémica surgida en torno al acuerdo entre la UE y Turquía por el hecho de que se fuera a retornar a refugiados a tierras otomanas.
Por otra parte está el hecho de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) haya pedido en numerosas ocasiones el fin de las “devoluciones automáticas”. Este organismo, dependiente de la ONU, considera que hay personas que se sienten perseguidas en su país de origen y que los rechazos en frontera impiden que soliciten asilo en Melilla y Ceuta.
En definitiva, parece que ningún ente supranacional se aclara con los rechazos en frontera. En nuestro país, el Gobierno que los ha puesto en marcha defiende la medida como una manera efectiva de hacer frente a la presión migratoria que sufren las ciudades autónomas. Mientras tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene en marcha una investigación sobre ‘devoluciones’ y presuntos malos tratos en la valla de Melilla.
