La reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada por el Ministerio de Hacienda para abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, ha desatado una oleada de críticas en Melilla. La ciudad, al igual que Ceuta, quedó completamente fuera de las propuestas discutidas, sin que se le dedicara una sola mención o línea específica en el orden del día. Esta exclusión ha sido interpretada como una muestra más del desinterés del Gobierno central por las particularidades de las dos ciudades autónomas.
El Ejecutivo local de Melilla ha denunciado de forma tajante lo que consideran un nuevo episodio de invisibilización institucional. La vicepresidenta segunda, Fadela Mohatar, presente en esa reunión, expresó su malestar por la omisión de la ciudad en la hoja de ruta presentada en el CPFF y advirtió que este tipo de decisiones refuerzan la sensación de abandono que perciben los melillenses por parte del Estado.
“Melilla ha sido ninguneada”, afirmó por su parte el presidnete Imbroda. “No se tuvo en cuenta ni se planteó ningún marco específico para nuestro modelo financiero, pese a ser una ciudad con competencias propias, singularidades geográficas y dificultades económicas crecientes”.
Las críticas también han llegado desde otros grupos políticos. Vox, sin ir más lejos, ha vinculado esta reforma del sistema de financiación autonómica a los pactos políticos del Gobierno con formaciones independentistas. Según la formación, el objetivo principal del Ejecutivo no sería otro que satisfacer las demandas del separatismo a cambio de apoyos parlamentarios, dejando de lado a territorios como Melilla, cuyas necesidades estructurales son igualmente urgentes.
“El Gobierno está utilizando la financiación autonómica como moneda de cambio para pagar los favores a los partidos separatistas. Melilla y Ceuta no interesan porque no forman parte de ese juego de alianzas”, denunció Vox, señalando que esta exclusión perjudica directamente a los ciudadanos y debilita la cohesión territorial del país.
Desde Coalición por Melilla (CpM) también se ha mostrado preocupación por la ausencia de Melilla en el debate nacional, aunque el enfoque ha sido diferente. La formación ha subrayado que no basta con denunciar sistemáticamente la falta de atención del Estado, sino que es necesario construir una estrategia política proactiva que coloque a la ciudad en el centro de las decisiones que afectan a su desarrollo.
“Cada vez que hay una reforma o un cambio estructural, Melilla se queda fuera. Necesitamos unidad, visión de largo plazo y un planteamiento serio para exigir al Estado que nos tenga en cuenta. Protestar ya no es suficiente”, argumentaron fuentes cepemistas.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha contribuido al debate con un análisis técnico de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno. En dicho informe se detalla que la nueva fórmula de financiación pretende corregir los desequilibrios actuales entre las comunidades de régimen común, mediante una redistribución más equitativa basada en variables como la población ajustada, el coste de los servicios o la dispersión territorial. Sin embargo, FEDEA también reconoce que las ciudades autónomas no están incluidas en ese esquema, lo que profundiza su indefinición financiera.
Este vacío normativo no es nuevo. Melilla y Ceuta no están integradas en el modelo general de financiación autonómica y su financiación depende de acuerdos presupuestarios específicos con el Estado. Esta situación ha generado durante años una notable incertidumbre y ha limitado su capacidad de planificación a medio y largo plazo. El hecho de que, en una reforma que afecta al conjunto del sistema, no se contemple ninguna solución para estas dos ciudades, se interpreta como una grave omisión institucional.
Desde el Ejecutivo melillense ya se ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para abordar esta cuestión. Se reclama el diseño de un sistema propio de financiación para las ciudades autónomas, que contemple su condición de frontera sur de Europa, su aislamiento geográfico y el sobrecoste de los servicios esenciales. Además, se insiste en la necesidad de establecer un marco estable y no dependiente del color político de los gobiernos de turno.
La ausencia de Melilla en este debate nacional es, para muchos, la confirmación de una tendencia creciente: la falta de interlocución con el Estado en materias fundamentales. En un momento especialmente delicado para la ciudad, con indicadores sociales y económicos preocupantes, la exclusión de cualquier planificación a futuro agrava la sensación de orfandad institucional.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera seguirá siendo en los próximos meses el espacio clave de negociación para la nueva financiación autonómica. Por ahora, Melilla sigue fuera del tablero.
