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Un abogado belga que defendió a una presunta etarra, “consejero” del expresident
Carles Puigdemont y cinco exconsellers se trasladaron ayer a Bélgica con la opción de solicitar asilo político, mientras que el Govern (destituido el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy) decidió ceder al Estado el control de la administración autonómica catalana sin oponer resistencia.
En un enésimo giro imprevisto en el guión del proceso soberanista, la primera jornada laborable tras la declaración de independencia del pasado viernes en el Parlament vino marcada por el desplazamiento a Bruselas de Puigdemont y los hasta ahora consellers Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret.
“Perplejidad”
Dirigentes del PDeCAT y de ERC afirmaron desconocer los planes del Govern, que les han causado “perplejidad”.
Anteayer, el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugirió que puede solicitar asilo, si bien el primer ministro, Charles Michel, lo desautorizó.
El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, dijo ayer que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo deben existir “señales serias de persecución” o de que corre riesgos en el país de origen.
El viaje (de Cataluña a Marsella en coche y, desde ahí, en avión hasta Bruselas) trascendió el mismo día en que la Fiscalía anunció una querella contra Puigdemont y 13 exconsellers por rebelión, sedición y malversación y dirigió una segunda querella por esos mismos delitos al Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa.
El abogado Paul Bekaert, que representó a la presunta etarra Natividad Jáuregui (cuya entrega a España fue rechazada por la Justicia belga), confirmó que ha sido nombrado “consejero” por Puigdemont.
Desde que el Parlament declaró la independencia el pasado viernes, consciente de su debilidad ante la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern no dio un solo paso para hacer efectiva la "república" catalana, no firmó un solo decreto para desplegar la ley de transitoriedad jurídica y desactivó toda movilización del soberanismo en la calle para plantar cara al Estado.
Abandonar sus cargos
Ayer, sólo uno de los consellers cesados por el Gobierno central, Josep Rull, acudió a su despacho, pero estuvo por un breve espacio de tiempo. Rull colgó en Twitter una fotografía suya en su despacho, pero la imagen era meramente simbólica, porque el Govern cesado ya no ha reemprendido su actividad institucional y tampoco celebrará ya su reunión habitual de cada martes en el Palau de la Generalitat. El Gobierno dio unas horas a los consellers para que recogieran sus objetos personales de los despachos.
También el Parlament ha acatado su disolución y Forcadell ha dado por desconvocada la reunión de la Mesa prevista para mañana, al considerar que su convocatoria ha quedado "sin efectos".
