Ya estaban tardando en dar explicaciones con la que le está cayendo a la Dirección Territorial del Ingesa en Melilla por la contratación sin concurso público de una subdirectora del Hospital Comarcal, que cobra un sueldazo sentada en una oficina de Madrid y sin pisar Melilla.
Así que el Ingesa, que no contestó a las insistentes llamadas de El Faro para contrastar las denuncias del PSOE local, convocó ayer una rueda de prensa mañanera para hablar de diabetes. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Francisco Robles, director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria, y Pedro Villarroel, director gerente del Comarcal, respondieron a las preguntas sobre el polémico fichaje de María José Escalante como subdirectora no presencial de Gestión en el centro hospitalario de Melilla.
Villarroel llevaba la escopeta cargada y defendió la legalidad de la contratación de Escalante. Aquí no hubo sorpresas. ¿Qué va a decir el gerente del Comarcal sobre un nombramiento que supuestamente ha hecho él mismo? También desde el Ministerio de Sanidad explicaron a este periódico que todo el proceso de designación de la subdirectora ha sido completamente legal.
Y es aquí donde nos metemos en un callejón sin salida. Puede que sea legal nombrar a una subdirectora de Gestión del Comarcal que desde hace nueve meses atiende a las necesidades del hospital, suponemos que por Skype y desde Madrid. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Somos tan palurdos en Melilla que tenemos que buscarnos a una figura que estuvo destinada en la Agencia Española del Medicamento y pagarle al menos 55.000 euros al año para que nos gestione el Comarcal por vía satélite porque aquí no hay nadie capacitado para hacerlo? Quizás el problema sea otro. No podemos contentarnos con la idea de que nadie quiera venir a Melilla a ocuparse, por ese sueldo, de gestionar un hospital como el nuestro.
Ni mucho menos podemos contentarnos con la idea de que le pagamos 55.000 euros a una funcionaria para que desde Madrid se ocupe también de equipar un hospital que aún no existe.
Puede que sea legal y no lo ponemos en duda, pero con los problemas que tiene el Comarcal, que lleva con el TAC roto desde diciembre de 2014, que tiene instalaciones deterioradas, que ha tenido problemas con el aire acondicionado en las habitaciones este verano, que cuenta con servicios como paritorios y urgencias saturados, que no cubre las bajas del personal sanitario... es una osadía gestionar un centro así desde Madrid. Así que, por vergüenza, debería hacer las maletas y venirse.
