La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictaminado que el caso abierto por Ucrania contra Rusia está en condiciones de continuar más allá. En el mismo se culpa a Moscú de quebrantar el Derecho Internacional por defender que Kiev ha perpetrado un genocidio contra su población, valiéndose de esa evasiva como coartada de la invasión que inició el 24/II/2022. Igualmente, el principal órgano judicial de Naciones Unidas ha desestimado un conjunto de indicaciones expuestas por Rusia, al objeto de desbaratar la acusación ucraniana. Actualmente, Ucrania carga contra Rusia de vulnerar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. A la acusación anunciada dos días más tarde de las primeras irrupciones, se han añadido más de una treintena de estados, entre ellos, España. Las réplicas rusas que exponían la presunta falta de competencia de La Haya, difícilmente ha prosperado en una de estas alegaciones, por lo que en términos ordinarios, los magistrados han concluido que la CIJ “tiene jurisdicción” y, por tanto, el Tribunal proseguirá adelante con un proceso que se dilatará varios años. Además, los demandantes tachan al Kremlin de financiar a varios grupos separatistas en el Este de Ucrania y de segregar a la comunidad multiétnica de Crimea desde su anexión. Sin ir más lejos, la CIJ dispuso su sentencia definitiva sobre una demanda emprendida en 2017, en la que Kiev atribuía a Moscú de incumplir los tratados concernientes a financiación de terrorismo y discriminación racial, resultados del control de territorios ucranianos y del apoyo prestado a separatistas prorrusos y otro tratado sobre la erradicación de la discriminación racial. No obstante, el Tribunal determinó no pronunciarse al respecto sobre la instancia de Ucrania de que Rusia pague los desagravios por los ataques cometidos en el Este de Ucrania, impuestos a los rebeldes ucranianos proseparatistas. Y es que, la CIJ absolvió a la parte rusa de una parte importante de las denuncias en este primer proceso, más allá de alguna crítica especifica que no tendría efectos prácticos. De hecho, a pesar de que los dictámenes de la Corte son de obligado cumplimiento para la totalidad de los estados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aplicación de cualquier orden que provenga de La Haya estriba de la voluntad de los propios referidos. Con estos mimbres, diversos observadores revelan que esta violencia posee el potencial de transformarse en genocidio, sobre todo, valorando la magnitud de la propaganda rusa y la devastación física de Mariúpol y otras localidades que a lo largo y ancho de estas líneas señalaré. No son pocos los que sostienen que el genocidio ya se ha desencadenado. Póngase como ejemplo, el bombardeo aéreo de un hospital infantil causado el 9/III/2022. En cambio, otros no comparten esta opinión y deducen que esta violencia no se corresponde con los requerimientos legales del genocidio. Sin embargo, dada la dimensión de la violencia rusa en Ucrania, las apreciaciones de genocidio deben tomarse muy en serio. Así, el área de análisis sobre genocidios, ha impulsado marcos para ajustar la amenaza real de genocidio en contextos tan inestables como los que aquí se refieren. Estos instrumentos muestran a todas luces que Ucrania corre un riesgo desmedido de estar padeciendo genocidio. En base a lo anterior, ‘genocidio’ se refiere a “actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Estos episodios no sólo entrañan el asesinato de individuos, sino pretenden arrasar con el grupo en el punto de mira, ocasionando “graves daños físicos o mentales, creando condiciones de vida duras, impidiendo los nacimientos y transfiriendo por la fuerza a los niños a otro grupo”. Sin inmiscuir, que un componente singular de indicio del genocidio es una relación de quebrantamientos masivos de los derechos humanos y crímenes atroces, incluyéndose el genocidio. Por ende, Rusia acumula un extenso historial cargado de violencia extrema contra los ucranianos y otros grupos afines. Quizás, lo más degradante se sustente en que la antigua Unión Soviética promulgó políticas agrarias, y que entre 1932 y 1933, indujeron a la falta de alimentos, una hambruna que liquidó a millones de ucranianos. Esto se conoce como el “Holodomor” o “muerte por hambre”. Otras crueldades soviéticas engloban la deportación forzada de grupos nacionales y étnicos y las purgas políticas masivas. Tras el síncope en 1991 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el coloso en llamas se encomendó a la violencia sin límites contra la población civil en Chechenia, Georgia y Siria. Y por si fuera poco, bombardeó y asoló ciudades emblemáticas como Grozni (1995) y Alepo (2016). Del mismo modo, el genocidio y los crímenes inhumanos están fuertemente correlacionados con la convulsión política, pero fundamentalmente, con la guerra. Esta fluctuación desequilibra la sociedad en su conjunto y la hace más deleznable, básicamente, los grupos de individuos vulnerables a los que se puede responsabilizar del vaivén político o económico.
"Las tesis avivadas por el Kremlin para ocupar Ucrania no dejan de ser la amenaza del ascendente influjo de la OTAN en Europa del Este y un imaginario genocidio a los habitantes rusófonos en el Donbás"
A este tenor, el genocidio se escuda en la propaganda y el lenguaje que deprecia y demoniza a las urbes. A lo largo de la historia los ejemplos predominan: desde las deformaciones coloniales europeas de los indígenas “brutos y salvajes”, hasta las imágenes nazis de los judíos como “ratas”. Hoy, Rusia monopoliza este acento demoledor para alegar su invasión de Ucrania. De hecho, define su modus operandi violento como ineludible para “desnazificar” este país. Para ello ha forjado rigurosas condiciones de vida, dañando el suministro de agua y eléctrico, además de desposeerlo de alimentos y ayuda humanitaria y desplazar a millones de sujetos de su territorio. Con lo cual, existen argumentos sobrados de que Rusia está llevando al genocidio en Ucrania en su máxima expresión y perpetrando múltiples barbaries orquestadas para catapultar al pueblo ucraniano, según el primer Informe independiente sobre las denuncias de genocidio. El documento realizado por el New Lines Institute for Strategy and Policy con sede en Estados Unidos y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos en Canadá, está suscrito por más de treinta juristas y expertos en genocidio, culpando al Estado ruso de vulnerar diversos artículos de la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas. El escrito en sí, hace saber sin paliativos que se constata “un riesgo grave e inminente de genocidio en Ucrania”, y defiende las imputaciones con una amplia enumeración de certezas que comprenden desde asesinatos masivos de civiles, hasta deportaciones forzadas y una literatura antiucraniana exterminadora, esgrimida metódicamente por altos funcionarios rusos. Por lo tanto, se trata de un estudio pormenorizado y de gran alcance y con amplias aclaraciones, diciendo literalmente que “esta guerra es genocida en su naturaleza, en términos del lenguaje que se utiliza y la forma en que se está ejecutando”. Y en virtud de la Convención sobre el Genocidio de la ONU, sus signatarios tienen el deber legal de evitar el genocidio y, a su vez, apremiar a la comunidad internacional a reaccionar. De manera, que los estados firmantes de la Convención sobre el Genocidio, incluida la Federación Rusa, han de proceder para poner fin a este escenario, porque de lo contrario estarán quebrantando este instrumento. Los autores hacen una comparativa con la Masacre de Srebrenica (11-VII-1995/22-VII-1995), urgiendo a actuar cuánto antes. Recuérdese al respecto, que los asesinatos de más de 7.000 hombres y niños musulmanes bosnios que se originó en once días, se dieron a conocer cuando ya era tarde para impedir un genocidio de este calibre. Desde los comienzos de 2022, fecha de inicio de la invasión rusa en Ucrania, esta investigación posee la capacidad de continuar con exactitud los excesos similares conforme se despliegan y replican en su desenlace. El Informe puntea claramente a Moscú, emplazando a altos funcionarios rusos de incitación al genocidio y de sentar las bases para presumibles genocidios, al excluir reiteradamente la presencia de una identidad ucraniana. El Informe corrobora la alarma anticipada dada por Joe Biden, cuando indicó que contemplaba las actuaciones de Rusia en Ucrania como un “genocidio”. Por aquel entonces, al mandatario demócrata se le tachó en Estados Unidos y Europa por sus críticas. Años más tarde, su advertencia se ve confirmada por expertos en la materia. Ciertamente, el Estado ruso contraviene el Artículo II y III de la Convención sobre el Genocidio, subrayando las insistentes manifestaciones del presidente Vladímir Putin, dejando notorio que cree estar en la razón de que Ucrania no tiene derecho a existir. Amén, que resalta el pronunciamiento deshumanizado manejado por altos funcionarios para definir a los ucranianos, incluyendo vocablos como “bestial” y “sucio”, así como la imagen de Ucrania como un “estado nazi” y “amenaza existencial” para Rusia. Pero el Informe va más allá de fundamentar que Rusia proyecta perpetrar un genocidio y atribuye a las fuerzas rusas de materializar un “patrón de atrocidades consistentes y generalizadas contra los civiles ucranianos de forma colectiva” en el trazado de la invasión. Por otra parte, sustenta que las masacres y ejecuciones sumarias perfectamente documentadas en Bucha, Staryi Bykiv y en las regiones de Chernígov y Sumy, los asaltos intencionados contra refugios, sendas de evacuación e infraestructuras sanitarias, así como los repetidos ataques y bombardeos indiscriminados contra áreas residenciales, las violaciones, los cercos, los robos de grano y las expulsiones forzadas a Rusia, todos, configuran un “patrón genocida de destrucción”. Dicho esto, cuando en 1948 se da luz verde a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en ella se precisa como ya he citado, “el intento de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso…”. O séase, se ampara la propia existencia de determinados grupos humanos, porque los individuos son designados por formar parte del grupo y abordados con la pretensión de arrasar al grupo en sí. En nuestros días, el genocidio es una de las cuatro categorías de crímenes sobre los que tiene competencia la Corte Penal Internacional (CPI). Este Tribunal constituye la exigencia penal de los sujetos por el incumplimiento del Derecho Internacional. Junto a él concurre otro Tribunal con más peso en su trayectoria, la CIJ, encomendado para arbitrar las controversias entre los Estados en la implementación del Derecho Internacional. La CIJ puede resolver la responsabilidad de un Estado por quebrantar los deberes dispuestos en la Convención de 1948. La responsabilidad del Estado y la de los individuos pueden coexistir. Así, el genocidio ejecutado en Srebrenica causó, primero, la condena por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia a penas de prisión de las personas culpables y, segundo, la sentencia por la CIJ al Estado de Serbia y Montenegro por no impedirlo. Ambos Tribunales, tanto la CPI como la CIJ, están implicados en el enjuiciamiento de los hechos consumados en la Franja de Gaza. La CPI ratificó su jurisdicción en relación a cualquier crimen de su competencia realizado desde 2014 en los territorios ocupados por Israel: Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Las declaraciones verificadas hasta hoy por la Fiscalía, se centran en los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sin que hayan aflorado indicaciones a un potencial genocidio. Pero ello no conlleva que la precisión de los sucesos acontecidos no pueda variar o incrementarse conforme prosperen las pesquisas. En contraste, la CIJ ha de resolver la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por vulnerar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El principal inconveniente para sostener la comisión de este delito se encuentra en la demostración de la voluntad de destruir en todo o en parte al grupo como tal. Pero yendo más lejos, la CIJ se ha enfrentado con esta dificultad en la sentencia por la que condenó en 2007 a Serbia y en la que absolvió en 2015 a ese mismo Estado. Según la CIJ, no basta con la muerte intencionadamente de miembros del grupo, ni siquiera si tales fallecimientos se realizan masivamente y por un fundamento discriminatorio, o si se encuadra en una campaña de limpieza étnica preparada para expulsar mediante la amenaza a una población concreta. En otras palabras: es necesario demostrar la intencionalidad explícita de destruir al grupo. Esta singularidad puede ser extraña, pero desde luego la limpieza étnica, expresión más habitual, no es sinónimo de genocidio si la violencia se utiliza para la expulsión, aunque lo puede abarcar si consta como el fin de exterminio. Por ello, el genocidio no sólo es escabroso de justificar, porque con este razonamiento es difícil de perpetrar. No obstante, si bien el requerimiento de voluntad directa limita las probabilidades de consumar un genocidio, la capacidad de circunscribirse a una destrucción parcial las aumenta. El deseo de destrucción puede reducirse a la parte del grupo existente en una zona geográfica definida, como por ejemplo Srebrenica, la Franja de Gaza o Ucrania, o incluso a una parte sustancial, cuantitativa y cualitativamente en esa región, que deberá ser primordial para la conservación del grupo, aunque continúa siendo inexcusable acreditar la máxima de exterminio físico. A criterio de los tribunales penales, la destrucción debe ser el objetivo inmediato perseguido por el ejecutor, no bastando con anticiparla como una viable derivación que simplemente se reconoce. No hay que desdeñar, que militan otros crímenes en los que los hechos podrían articularse. Primero, hay que prestar atención a los crímenes de guerra y segundo, los crímenes contra la humanidad. Estos últimos establecen el elemento cardinal del Derecho Penal, pues salvaguardan los bienes esenciales de la persona de cara a los abusos y atropellos del poder. Por supuesto, el alcance colectivo de víctima y victimario que la expresión genocidio, comprende una dificultad añadida de manipulación política. Basta con sacar a la palestra en su aplicación y como escapatoria por Putin para hacer valer su guerra particular en Ucrania. Con ello es preciso conservar una concepción minuciosa de genocidio en el sentido de la palabra.
"Rusia ha desfigurado con sarcasmo los diversos compromisos sobre los Derechos Humanos que ha aprobado la comunidad internacional para confirmar su injustificable invasión de Ucrania"
A resultas de todo ello, el conflicto bélico de Ucrania continúa empeorando el entorno de Derechos Humanos en Rusia, con más límites de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, que son acosados y acorralados si ofrecen alguna muestra de opinión contraria a la del gobierno. Obviamente, no tienen a quien recurrir para que los proteja y con la justicia aprisionando a la prensa. La relatora de Naciones Unidas designada para supervisar la realidad que se vive en Ucrania, ha indicado que la intransigencia y la cantidad de sentencias por motivos políticos, han crecido en los últimos meses y nadie puede atreverse a rebasar la línea del discurso oficial, bajo riesgo de ser arrestado injustificadamente, torturado y condenado con varios años de cárcel. Desde la invasión de Ucrania el horizonte de los Derechos Humanos en Rusia “se ha deteriorado significativamente”. Asimismo, “la situación ya estaba en constante deterioro durante las últimas dos décadas, en parte debido a las dos guerras en Chechenia que acabaron en 2009”. Con todo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la relatora expuso una presentación, ofreciendo datos manifiestos de como el contexto se deprava y donde numerosas organizaciones e individuos son considerados “agentes extranjeros”. En materias menos expuestas de cara al público que los de conocidos opositores políticos prendidos arbitrariamente, así como disidentes, un número significativo de individuos han sido culpados de vulnerar una nueva ley sobre la difusión de información dañina para las fuerzas armadas rusas. Igualmente, ha puntualizado como las mujeres, especialmente aquellas que se afanan en la defensa de derechos, activistas o periodistas, han “experimentado violencia, humillación e intimidación específicas de género. El uso persistente de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual y de género, pone en peligro la vida de las personas detenidas”. De igual forma, apuntó que se está generando “una sociedad cada vez más homófoba, donde las personas no heterosexuales pueden ser acusadas falsamente de actividad criminal por agentes públicos”. El agujero abierto por la censura y la desaparición de los medios de prensa independientes, se ha sustituido por la desinformación de Estado y el proselitismo potenciando el curso bélico de Ucrania. Y cómo no, el entramado del servicio militar ruso en el que se ha imposibilitado a los reservistas el derecho a la objeción de conciencia, apremiando a movilizarse con artificios, el uso de la fuerza o valiéndose de su vulnerabilidad. Es más, aquellos que rechazan el combate se les traslada a centros de detención en áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. Una vez allí, se les intimida con la ejecución y la violencia si no retornan al frente de batalla. Llegados a este punto, puede decirse que Rusia ha desfigurado con sarcasmo los diversos compromisos sobre los Derechos Humanos que ha aprobado la comunidad internacional para confirmar su injustificable invasión de Ucrania. Llevando a cabo un acometimiento militar sin precedentes, sustentado en una maniobra sin base real del concepto mismo de genocidio, desacorde al razonamiento acordado en las convenciones históricas. La cadena de maquinaciones de Rusia y mayormente su coartada por denuncias de genocidio, son una ofensa al compromiso de la comunidad internacional para evitar y sancionar los crímenes más graves. Las invenciones de Rusia son todavía más mediocres y punzantes, matando e hiriendo gravemente y de modo voluntario a personas del pueblo ucraniano. A estas actuaciones infundadas hay que añadir la elocuencia exteriorizada por Putin, al rechazar la existencia de la nación ucraniana y sugerir asesinatos premeditados con fines de genocidio. En consecuencia, la Corte de la Haya se ha declarado competente en parte del caso de genocidio presentado por Ucrania contra Rusia. Y es que, la resolución impugnó la mayoría de pruebas expuestas por Moscú, que desde marzo de 2022 desatiende el mandato de cese del fuego inmediato que formuló el mismo Tribunal y ha ocasionado decenas de miles de víctimas. A la par, el Tribunal ha rechazado un conjunto de réplicas registradas por Moscú para intentar desarmar la denuncia ucraniana. Este fallo judicial da continuidad a otro anterior emitido por el Tribunal Internacional de Justicia, escasas jornadas más tarde del comienzo de la guerra en la que brillaba por su ausencia no sólo no haber considerado sospechas de genocidio, sino que acordaba que ello no valía de argumento para ataque militar alguno. Dos años más tarde desde que detonasen los primeros destellos de fuego cruzado en Ucrania y sin un mínimo resquicio de augurar su finalización, los raciocinios que Rusia alegó para embadurnar su invasión no han variado. Las tesis avivadas por el Kremlin para ocupar Ucrania no dejan de ser la amenaza del ascendente influjo de la OTAN en Europa del Este y como antes he comentado, un imaginario genocidio a los habitantes rusófonos en el Donbás. No cabe duda, que las doctrinas nacionalistas siguen poniendo su granito de arena en el alegato de Putin, para así dar luz verde a lo que él mismo llama “operación militar especial”.