Con el fin de agilizar los trámites de sanidad y de justicia, para no judicializar los fallecimientos innecesarios, este martes, se firmó el protocolo de coordinación de actuaciones entre el decanato de los Juzgados de Melilla, el Instituto de Medicina Legal y la dirección territorial del Ingesa en la ciudad ante casos de defunción.
Este acuerdo coordina a los organismos implicados en la certificación de fallecimientos por causas naturales. Raquel Carbajo, directora del Instituto de Medicina Legal de la ciudad, informó que con el protocolo los médicos tienen las pautas para clasificar las muertes a fin de certificar los casos de defunciones naturales y judicializar aquellos que sean necesarios.
Con esta medida, buscan evitar alargar el duelo de las familias cuando el caso no deba pasar a instancias judiciales.
De hecho, Consejo Médico Forense recomendaba que se elaboraran protocolos entre los Servicios de Salud y la Administración de Justicia para la coordinación de actuaciones antes casos de defunción y “tratar este tema de desde el punto de vista humanitario”.
El certificado de defunción es una obligación legal de los médicos que, en determinados supuestos, presenta perfiles conflictivos.
Fernando Germán Portillo, juez decano, aseveró que en la ciudad es un tema problemático la judicialización o no de ciertos fallecimientos, en el que los perjudicados son los familiares.
“Para evitar disfunciones y coordinarnos mejor, está este protocolo”, dijo el juez decano que considera el instrumento legal como beneficioso para la ciudadanía pues evitará situaciones conflictivas.
Disminuir “discrepancias”
Para el director territorial del Ingesa, Omar Haouari, con el acuerdo de actuación entre las administraciones se “mejora el servicio público que se presta a la ciudadanía y disminuyen las situaciones polémicas y las discrepancias sobre la forma de actuar”.
El documento que firmaron evitará que haya malos entendidos en los momentos claves, donde las actuaciones profesionales no deben tener controversias.
Pretenden “evitar los efectos negativos que, innecesarias investigaciones médicos-legales sobre muertes naturales, pueden tener para los familiares de la persona fallecida”.
Las autoridades de las tres instituciones consideran que el acuerdo es una buena herramienta de trabajo para los casos de muerte natural.
