El Gobierno central y el de Canarias han llegado a "un principio de acuerdo" sobre la modificación legislativa para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes desde zonas de llegada como Canarias, Ceuta o Melilla al resto de España con el fin de aliviar sus recursos asistenciales.
Así lo ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un mensaje de vídeo que ha sido recogido por Efe en el que no ha aclarado en qué consiste dicho acuerdo, en el que lleva meses trabajando su departamento, de forma bilateral, con Canarias.
El Ministerio ya informó que la fórmula en la que se trabajaba era la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de los menores migrantes al resto de comunidades con los mismos criterios acordados junto a las autonomías en Conferencia Sectorial en 2022.
Pero quedaban algunos detalles que solventar, como las discrepancias entre el Gobierno central y el canario en la forma en que debía realizarse esta reforma: el primero abogaba por llevarla a cabo a través de una proposición de ley y el autonómico apostaba por un decreto ley.
Sin detallar este u otros extremos de la propuesta, el ministro ha precisado que este principio de acuerdo "llevará luego sus trámites parlamentarios" y ahora es el momento de conseguir los apoyos de los grupos políticos.
"Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios, que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener ya el texto definitivo y se aprobará finalmente", ha explicado.
Las comunidades autónomas participarán en la tarde de este martes en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra Sira Rego, que abordará un nuevo reparto de menores migrantes desde Canarias y Ceuta a través del mecanismo de solidaridad vigente.
Aunque la reforma legislativa a la que se ha referido Torres este martes no forma parte del orden del día, es previsible que las comunidades pidan más información al Gobierno acerca de este acuerdo, sobre el que muchas de ellas llevan reclamando más transparencia y coordinación desde que comenzó a gestarse.
