La sentencia del Tribunal Supremo que impide rechazar a los migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla ha generado preocupación entre los agentes de la Guardia Civil encargados de controlar las costas españolas, pero también una esperanza de cambio en la actuación fronteriza entre las ONG.
“Esta sentencia nos da la razón en lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, y es que necesitamos un protocolo claro para que nuestras actuaciones tengan su blindaje jurídico”, afirma en declaraciones a EFE Sergio Márquez, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla.
Tras conocerse el fallo del alto tribunal, esta asociación no ha dejado de recibir muestras de preocupación de los agentes que cada día vigilan en el mar ante una presión migratoria que no cesa y que en Ceuta, sólo el año pasado, se tradujo en más de 10.000 rescates.
Vuelve a repetirse la incertidumbre que hace más de una década llevó a guardias civiles a los juzgados y acabó con la legalización de los rechazos en frontera, más conocidos como ‘devoluciones en caliente’, que ahora el Supremo limita sólo a la valla, estableciendo doctrina y que cambia todo en las costas de Ceuta y Melilla.
“Necesitamos más medios humanos y técnicos para desempeñar nuestra labor, pero también una seguridad jurídica”, apunta Márquez, que ha pedido reuniones con los mandos y la Delegación del Gobierno para que se garantice la integridad laboral y jurídica de los guardias civiles. Su asociación insiste en que eso pasa por un protocolo claro de actuación mientras no haya cambios en la ley.
Esperanza y exigencia entre las ONG
Por su parte, las ONG han celebrado la sentencia, que reciben con esperanza y exigencias de un cambio en la actuación fronteriza. Ellas, al igual que la AUGC, también creen que la sentencia del Supremo les da la razón, en su caso en la eterna reivindicación de que se respeten los derechos humanos.
Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han exigido el cumplimiento de la sentencia y que ningún migrante interceptado en el mar sea entregado a un tercer país sin procedimiento administrativo, sin resolución motivada, sin asistencia letrada e intérprete y sin acceso efectivo al derecho a solicitar protección internacional.
También hacen la misma petición desde Melilla las asociaciones Despuntes de Primavera, Geum Dodou y Mec de la Rue, que afirman a EFE: “La legalidad no termina en la frontera; comienza precisamente allí donde el Estado debe demostrar con mayor firmeza su compromiso con los derechos humanos y con el Estado de derecho”.
Prodein, una de las oenegés históricas de Melilla, también aplaude la sentencia pero se muestra más crítica. Su responsable, José Palazón, apunta a EFE que el fallo demuestra lo que rebatía la década anterior la teoría de “la frontera chicle” del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
“El mar no es un chicle y hay un montón de gente que muere en él. En Ceuta y Melilla continuamente aparecen cadáveres de gente joven que intenta entrar a nado, gente pobre que no tiene los 10.000 euros que vale hoy pasar la frontera y tiene que tirarse al mar”, afirma Palazón. Por eso, defiende que “más que medidas tan bestias para que no lleguen, tendría que haber medidas para salvarlos”.
Situaciones distintas, según la abogacía
También la abogacía ve “completamente favorable” la resolución del Supremo al distinguir “dos situaciones distintas” en la valla y en el mar que requieren actuaciones diferentes, señala a EFE el presidente de la Subcomisión de Extranjería y de Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda.
“Nosotros vemos absolutamente favorable que a esa persona localizada en el trayecto por vía marítima se le traslade a tierra y sea objeto no de un rechazo, sino de una devolución, que es un procedimiento con plenas garantías y asistencia jurídica. Y si son personas susceptibles de obtener protección internacional, tramitarles el procedimiento para hacer valer sus derechos en ese ámbito”, explica.
Por su parte, los gobiernos de Melilla y Ceuta han reaccionado de manera similar a la sentencia, acatándola, pero piden un refuerzo policial para un mayor control, más medios para que este problema no afecte a su integridad territorial y soberanía. Desde Melilla, además, reclaman “una política fuerte” en materia de migración.
¿Y ahora qué?
Tras la sentencia del Supremo, la pregunta es inevitable. Desde la AUGC apuntan que podría producirse una mayor presión migratoria vía marítima en las dos ciudades autónomas, aunque “todo va a depender de la colaboración de las fuerzas marroquíes” ante la imposibilidad de que la Guardia Civil actúe “por la legislación española”.
Con la ley en la mano, según el fallo judicial, el instituto armado solo podría intervenir para hacer rescates y salvamentos. Paralelamente, también podría fondear embarcaciones a modo disuasorio para intentar evitar que los migrantes se lancen al mar en busca del sueño europeo.
