Preocupación en las asociaciones de infancia por el nuevo reparto de menores migrantes

La aprobación del Real Decreto Ley 2/2025 por parte del Consejo de Ministros, que modifica la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de reubicación de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones de infancia. La Plataforma de Infancia y la Fundación Raíces han manifestado públicamente su preocupación por el alcance y la seguridad jurídica de la medida.

Aunque ambas entidades reconocen el esfuerzo institucional por dar respuesta al incremento sostenido de llegadas de niños y adolescentes migrantes solos, especialmente en puntos como Canarias, Ceuta y Melilla, advierten de que el nuevo decreto puede resultar insuficiente y, en algunos aspectos, incluso contraproducente para garantizar sus derechos.

“Desde las organizaciones de infancia valoramos positivamente que se tomen medidas políticas para solucionar la situación de desamparo que sufren las niñas y niños que llegan a España sin sus familias. Sin embargo, nos preocupa que este Real Decreto Ley no sea suficiente para garantizar una acogida digna y respetuosa con los derechos de la infancia”, subrayó Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.

Una de las críticas principales es la fórmula jurídica elegida por el Ejecutivo. Las entidades alertan de que regular por decreto cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los menores puede debilitar su protección. “Aunque parezca una solución para el momento de bloqueo actual, no es una medida óptima. Abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”, advirtió Paloma García de Viedma, abogada de Fundación Raíces.

Las organizaciones proponen como alternativa una Ley de Armonización, prevista en la Constitución, que permita regular con mayor consenso y estabilidad las competencias autonómicas en materia de acogida. Esta vía legislativa requiere mayoría absoluta en el Congreso y reflejaría, según los expertos, un compromiso político más sólido y duradero.

Asimismo, las entidades insisten en la importancia de establecer una evaluación previa individualizada para cada menor antes de su traslado. Esta evaluación debe tener en cuenta el interés superior del niño o adolescente, su derecho a ser escuchado y la posible necesidad de protección internacional. También reclaman la participación de profesionales especializados en mediación intercultural y atención a infancia y adolescencia migrante, para asegurar un acompañamiento adecuado durante todo el proceso.

La aprobación del decreto ha generado también rechazo en Melilla, una de las regiones más afectadas por la llegada de menores migrantes. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha señalado que la ciudad “no descarta acudir a los tribunales” si se imponen derivaciones sin contar con los recursos adecuados o sin consenso con las autoridades locales.

“Al Gobierno le da igual la saturación del sistema de acogida. No escucha a los territorios que llevamos años reclamando medios para una atención digna”, denunció, por su parte, la diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo, en declaraciones recogidas por El Faro de Melilla.

Acedo ha alertado de que el Real Decreto aprobado no contempla financiación adicional para afrontar los nuevos costes de acogida, dejando a las comunidades autónomas la carga económica de una competencia que, en su opinión, debería corresponder al Estado. En este sentido, ha recordado que Melilla acumula un déficit de 120 millones de euros en atención a menores migrantes en los últimos años.

Por todo ello, tanto las organizaciones sociales como las administraciones implicadas coinciden en señalar la urgencia de una solución estructural, basada en la cooperación institucional, el respeto a los derechos humanos y una estrategia sostenida a largo plazo.

“Es fundamental que el Estado y las comunidades autónomas se comprometan a priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, con el fin de alcanzar una solución duradera que garantice una acogida digna y respetuosa con la Convención sobre los Derechos del Niño”, concluyó Ibarra.