Imbroda denuncia que el Real Decreto sobre menores migrantes es como “una horca” legal

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha lanzado este lunes una dura crítica contra el real decreto que prepara el Gobierno central para imponer el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades y ciudades autónomas. En declaraciones a los medios, ha calificado la medida como “un escarnio” y ha advertido que, si es viable legalmente, el Ejecutivo local llevará el asunto a los tribunales.

Según ha señalado Imbroda, el decreto incluirá un “imperativo legal” que obligará a las autonomías a aceptar la distribución de menores sin un proceso real de diálogo. A su juicio, esta fórmula anula cualquier posibilidad de consenso y sitúa a las regiones ante una disyuntiva injusta: “Si usted no cumple lo que diga el Gobierno en este real decreto, pues entonces usted será sometido a la horca, será judicial, usted prevaricará, etcétera”, ironizó el presidente melillense.

Imbroda ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando de forma unilateral, “metiéndote a la fuerza” una decisión que, en su opinión, ya ha sido “dialogada con Puigdemont”. “Es el autor del decreto y de lo que está pasando en España, porque Sánchez lo traga todo”, denunció el líder del Ejecutivo local, acusando al presidente del Gobierno de ceder ante las exigencias del expresidente catalán para mantenerse en el poder.

La Ciudad Autónoma estima que, según cifras divulgadas por el partido Junts y publicadas en medios nacionales, Melilla tendría que acoger a 34 menores extranjeros no acompañados, ocho más que Cataluña. Esta cifra, sin embargo, aún no ha sido ratificada oficialmente, por lo que el Gobierno local permanece a la espera de confirmación.

En cualquier caso, Imbroda ha dejado claro que no confía en que el Ejecutivo central solicite información detallada a las comunidades y ciudades autónomas sobre su capacidad de acogida, ya que “no les hace falta” para imponer el reparto. “Salvo que quieran vestir de cara a la galería para que no parezca que Puigdemont manda en España”, ha añadido, para luego concluir con rotundidad: “Y manda totalmente”.

Estas declaraciones se suman a una larga lista de posicionamientos críticos del Gobierno melillense respecto a la gestión de los menores migrantes. Imbroda ya había advertido en ocasiones anteriores que Melilla ha sido históricamente una de las regiones más impactadas por la llegada de menores extranjeros no acompañados, al ser frontera sur de Europa y puerta de entrada desde Marruecos.

En ese contexto, desde el Ejecutivo local consideran que la ciudad no debería ser incluida en los mismos términos que otras comunidades en un reparto que, según su visión, ignora la sobrecarga estructural que ya soporta el sistema de acogida melillense. “Se sobreentiende que estamos excluidos del reparto porque fuimos los primeros en padecer el fenómeno”, declaró el propio Imbroda en una entrevista reciente, donde insistía en que la ciudad ha hecho frente en solitario a esta realidad durante años.

Ahora, con la propuesta del real decreto, Melilla se enfrenta a la posibilidad de asumir aún más menores, en lo que Imbroda considera una “injusticia política” motivada por los equilibrios que el Ejecutivo central mantiene con sus socios parlamentarios. A juicio del presidente melillense, la medida no responde a criterios técnicos ni a la realidad sobre el terreno, sino a una lógica política que sacrifica a las ciudades más vulnerables.

Además, el líder del Gobierno de Melilla ha expresado su malestar por lo que considera una estrategia de imposición revestida de diálogo. “Esto no lo van a hacer dialogando”, ha afirmado, sino imponiéndolo por decreto después de pactarlo con Puigdemont, “que es quien manda en España”.

Desde el Gobierno local ya se están explorando las opciones jurídicas disponibles para impugnar el decreto en cuanto sea aprobado. “Si el Ejecutivo de Melilla puede acudir a los tribunales para denunciar este escarnio, lo hará”, ha zanjado Imbroda, abriendo la puerta a una nueva batalla legal entre la Ciudad Autónoma y el Estado.

Mientras tanto, la preocupación aumenta entre los sectores implicados en la atención a menores migrantes, que advierten de la saturación de recursos y de la necesidad de una reforma estructural que tenga en cuenta la singularidad geográfica y social de Melilla. Por ahora, sin embargo, el diálogo entre ambas administraciones parece cada vez más lejano.