La vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE) y directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such, participó ayer en las jornadas ‘La historia de un pueblo’, organizadas por Juventudes Socialistas de Melilla (JSME). Such explicó a El Faro que “es preciso abrir un debate sobre cómo la mujer sufrió represión durante la dictadura franquista”. Aseveró que ellas también han formado parte de esta parte de la historia de España y no se conocen muchos datos sobre el trato que recibieron y cómo vivieron esa etapa.
Junto a Such también participaron en estas conferencias el secretario de Organización de JSE, Agustín Cañete, el licenciado en Derecho Francisco Narváez y el analista político Enrique Delgado. El objetivo era debatir sobre la Ley de Memoria Histórica y ver cómo se está cumpliendo en Melilla.
La dirigente de JSE aseguró que han pasado ya diez años desde que entró en vigor esta ley y son pocas las actuaciones que se han ejecutado desde el Gobierno central para cumplir con ella. Aseveró que es importante reabrir el debate porque aún hay calles con nombres de militares o generales franquistas y ya se debería contar con listados para ir sustituyendo esos nombres por otros. Es más, indicó que quizás es hora de hacer una revisión de esa legislación y ver si se puede mejorar.
Such comentó que no hay presupuestos para ejecutar las medidas que se recogen en la normativa. No obstante, explicó que en la Comunidad Valenciana sí que se van a destinar este año 1,6 millones de euros a una ley de 2017 sobre la memoria democrática.
El objetivo es financiar, entre otras medidas, la creación de bancos de ADN en toda la región. La prueba se puede hacer en los ambulatorios y son totalmente gratuita. La vicesecretaria general de JSE explicó que no sólo se pretende identificar cadáveres que estén en fosas comunes con familiares que aún viven, sino que también servirá a las personas que fueron bebés robados y que quieren encontrar a sus madres biológicas.
Asimismo, Such apuesta por que sea la Administración la que abra las fosas comunes e identifique a los fallecidos, para darles después una sepultura adecuada. Indicó que no debe ser a petición de una familia de forma particular.
La secretaria general de JSME, Lamia Kaddur, aseguró que el objetivo de estas jornadas era sacar a debate parte de la historia de los melillenses y arrojar un hilo de luz sobre lo que se vivió desde la Guerra Civil y hasta la transición.
