Populares en Libertad quiere acabar con el “desbarajuste” en las cuentas de la Administración local.
Populares en Libertad afirmó ayer que la “corrupción política” está “generalizada” en Melilla. Por ello, propone reforzar el control interno de la Administración local y de los propios políticos para evitar que se concedan contratos y subvenciones “a dedo”. Irene Valverde, miento de la ejecutiva del partido, dijo que las cuentas públicas son “un desbarajuste”, pues cada año así lo “denuncia el Tribunal de Cuentas”.
Las investigaciones judiciales por presuntos delitos relacionados con la corrupción política, la “opacidad administrativa y política” en la Ciudad y las contrataciones supuestamente irregulares que se realizan en determinadas áreas (Bienestar Social y Fomento) han derivado en un decálogo ético, elaborado por Populares en Libertad, que estará incluido en su programa electoral.
“No aceptarán sobornos”
Como ya informara el cabeza de lista de la formación esta semana, Julio Liarte, la primera medida será que ningún funcionario y cargo público pueda aceptar “sobornos” de empresas o particulares, pues, de lo contrario, será cesado de forma inmediata. “Ni regalos ni contratos a los familiares en empresas que trabajan para la Ciudad Autónoma ni imputados en puestos políticos hasta que se aclare la situación procesal”, recalcó Valverde.
PPL también tomará medidas en aras de una mayor transparencia en la gestión de la Ciudad Autónoma y en sus cuentas, a través del refuerzo de los controles internos. Para empezar, recalcó Valverde, PPL adoptará todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y cubrirá los puestos de interventor, secretario general y tesorero por funcionarios habilitados de carácter nacional.
Las subvenciones públicas no se realizarán a entidades que no hayan realizado ninguna actividad desde su constitución, recalcó Valverde, y “cada expediente de cada convenio que se firme” incluirá un informe de legalidad firmado por el secretario general. Por otra parte, Valverde subrayó que su formación política controlará a los propios políticos para que su gestión sea “impecable, transparente y por supuesto, legal”.
