Liarte no entiende por qué el consejero no explica su implicación en este caso.
El diputado de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, insistió ayer en que el consejero de Fomento, Miguel Marín, está imputado en un proceso penal por un supuesto delito de “prevaricación y desviación de poder, por la contratación irregular de un arquitecto”. Según dijo, Marín ha estado declarando en calidad de imputado el pasado mes de marzo en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Melilla, “sin que hasta la fecha haya explicado el por qué de su imputación”, aseveró.Liarte criticó el protagonismo que están teniendo últimamente algunos integrantes del Gobierno de la Ciudad, tales como la dimisión de Guillermo Merino, el “escándalo” de las subvenciones al Consejo de la Juventud y el libro ‘Melilla y su judaísmo’, que para el diputado de PPL, “está proyectando una imagen extraordinariamente negativa de la ciudad y está cuestionando la objetividad de un Gobierno sin que a su presidente parezca importarle algo este progresivo deterioro de de su gobierno y, por ende, de su persona”.El portavoz de PPL se sumó a las declaraciones realizadas esta semana por su compañero de partido, Alberto Weil, quien acusaba a Marín de estar en una situación de “conflicto de intereses” al ser el responsable de tramitar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la vez que es propietario de una sociedad de promoción inmobilaria, llamada Prodeseg Melilla S.L. “Según consta en el Registro Mercantil, el objeto social de esta sociedad es, entre, otros, el de la promoción, construcción, venta de edificaciones, en su totalidad, por partes y pisos, bien para viviendas o por medio de contratistas, subcontratistas o destajistas. Su objeto social se desarrollará exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melilla”, argumentó el diputado de PPL.Además de este “conflicto de intereses”, Liarte afirmó que “no existe constancia de que Marín se haya abstenido de intervenir en las deliberaciones y votaciones del PGOU”.
