Su diputado Julio Liarte advierte que impugnará “toda actividad presupuestaria”. El diputado y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL) en la Asamblea, Julio Liarte, anunció ayer que exigirá al Gobierno que cumpla la ley y publique íntegramente los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma (PGCAM) en el Boletín Oficial de Melilla (BOME). De no ser así, advierte que impugnará “toda la actividad económica y presupuestaria de este año” del Gobierno local.
Según Liarte, “nuestra Administración se ha limitado tradicionalmente a publicar un simple resumen por capítulos incumpliendo el artículo 169.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obliga a insertar de forma íntegra el presupuesto en el Boletín Oficial de Melilla (BOME). No obstante, para el diputado no se trata sólo de reclamar el cumplimiento de la legalidad presupuestaria, sino de “obligar a la Ciudad a una mínima transparencia en las cuentas públicas, evitando que el secretismo y la clandestinidad sean los principios que sigan inspirando al Gobierno local en la ejecución de la actividad económica-administrativa”, razonó Liarte.
La exigencia del diputado de PPL viene por la publicación el pasado sábado en el BOME de un extracto de los Presupuestos Generales en los que únicamente figuran los créditos asignados a cada capítulo sin ningún nivel de desagregación y sin acompañar ninguno de los documentos económicos que ordena la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, argumentó.
Por ello, desde la formación política consideraron que todos los actos de ejecución de gasto que realice el Gobierno local serán “susceptibles de invalidarse si el BOME no publica las bases de ejecución del presupuesto, el presupuesto consolidado, los estados de gastos e ingresos, los anexos de inversiones y los estados de previsión de organismos autónomos y empresas públicas”, detalló Liarte.
El portavoz de PPL terminó cuestionando la voluntad política de transparencia de la Administración local, la cual,dijo, “niega sistemáticamente a los melillenses el acceso a informaciones que debieran ser públicas y que, además, el Estado, las Comunidades Autónomas y la mayoría de los municipios pone a disposición de los ciudadanos a través de Internet”, concluyó.
