El Foro Judicial Independiente (FJI) se ha declarado en contra de la reforma legislativa aprobada el martes por el Consejo de Ministros mediante la cual el Gobierno aprobó el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (LOECrim), una ley que sustituye a la actual, que data de 1882, y cuyo cambio principal es que permitirá que las investigaciones penales y las instrucciones de delitos las lleven a cabo los fiscales en lugar de los jueces.
El presidente de la entidad, Fernando Germán Portillo, ha recordado que el sistema español de investigación de los delitos, en el que la dirección de la primera fase del proceso, la instrucción, corresponde a un juez independiente, “garantiza una instrucción objetiva, imparcial, eficaz (en su función de averiguar si se cometió el delito y su autor) y muy garantista con los derechos de los implicados”.
Portillo considera que los fallos de esta norma, que existen, sobre todo por retrasos excesivos en la instrucción de los delitos, se arreglan con más inversión de medios materiales y humanos (más jueces y policías, equipos de peritos, etc.) y mejores leyes procesales (“reformas realizadas con sentido lógico”), cuestiones que, a su modo de ver, “poco tienen que ver con darle a los fiscales la instrucción de los delitos, sobre todo, si las razones que se dan no son ciertas”.
En este sentido, el Foro Judicial Independiente niega que sea una exigencia de la Unión Europea (UE), ya que “el Reglamento que ha creado la Fiscalía Europea expresamente dice que cada país organizará la investigación de los delitos como quiera”, por lo que “nadie está pidiendo a España este cambio”.
Además, y aun reconociendo que en otros países es la Fiscalía la que investiga, Portillo aclara que no siempre investiga todos los delitos, que no siempre esa investigación en esos países está exenta de polémicas en casos de corrupción (en Francia o Alemania, por ejemplo) “y, sobre todo, en esos países se revisten de un sistema de garantías y contrapesos (como ocurre con el fiscal italiano, que no depende del Ejecutivo, sino del Poder Judicial) que nadie está pensando en implementar aquí”,
“En España -prosigue Portillo-, jueces y fiscales somos distintos”, porque, mientras que los jueces son independientes y sólo están sometidos a la ley, los fiscales, “excelentes profesionales muy bien preparados”, no son independientes, sino que “están sometidos jerárquicamente a sus jefes, de quienes dependen además sus condiciones laborales, con todo lo que ello significa”. A su vez, sus jefes han sido nombrados y dependen del Fiscal General del Estado, nombrado a su vez por el Gobierno de turno, lo que para el Foro Judicial Independiente representa “la raíz de todos los males”.
Por eso, en el Foro Judicial Independiente piensan que darles la instrucción de los delitos a los fiscales, en las actuales condiciones, aumenta el riesgo de injerencias políticas en los casos que interesen al Gobierno, los de corrupción.
En este sentido, Portillo añade que, para que los fiscales pudiesen instruir en las mismas condiciones de independencia que los jueces, sería necesario reformar su estatuto orgánico para darles mayor autonomía e independencia frente a sus jefes, algo que el Ejecutivo central “no parece que esté por la labor de hacer”.
Según el presidente del Foro Judicial Independiente, esta reforma del estatuto orgánico ya está en trámite, pero “no va dirigida a dotar realmente de mayor autonomía e imparcialidad a esos futuros fiscales instructores, como habría de ser, sino que, parece, se quiere reformar su estatuto orgánico para someterlos aun más a las órdenes del Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno”.
Para Portillo, en definitiva, lo importante no es quién instruya -si jueces, fiscales o un grupo de sabios-, sino cómo se instruya. “Si los fiscales pueden instruir con independencia y sin riesgo de que se produzcan injerencias políticas, ningún problema con el cambio. Pero claro, no es esa la dirección en la que parece que se quiere avanzar”, apunta en declaraciones a El Faro.
Tampoco le convence al juez la nueva regulación de la acusación popular, porque, aunque “acertadamente pretende dejar fuera de su ejercicio a los partidos políticos y asociaciones satélites, equivocadamente pretende limitarla en exceso” al dejar fuera delitos o tener que justificar un interés directo.
Además, a Portillo también le parece “mal” que, con esta reforma, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quede a las órdenes de la Fiscalía General del Estado, que, recuerda, “no es una autoridad independiente”, sino que depende del Ejecutivo central.
Por todo ello, en su opinión, se puede concluir que “existe un ánimo por parte del Gobierno de que la investigación de los delitos quede monopolizada por una Fiscalía susceptible de injerencias políticas”.
Esta reforma, por tanto y en definitiva, desde el punto de vista del Foro Judicial Independiente, “no tiene nada que ver con lo que exige Europa ni es moderna, como se dice”, y “hay que cambiar muchas cosas antes de dar estos pasos”.
En todo caso, Portillo piensa que conviene recordar que, de momento, se trata de un proyecto legislativo que tendrá que tramitarse y que aún habrá que ver si se aprueba o no por las Cortes y que, de aprobarse, aun tardaría un par de años en entrar en vigor, por lo que las causas de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se verían afectadas por esta reforma.
La nula independencia de muchos jueces ha dado lugar a la medida.Muy bien por el gobierno..Los jueces deben abstenerse de hacer política allí igual que los políticos no se inmiscuyen en asuntos judiciales.