Portillo critica los ataques políticos al Supremo tras la condena al fiscal general

El magistrado Fernando Portillo, hasta hace pocos días presidente del Foro Judicial Independiente, ha expresado su profunda preocupación por las críticas vertidas desde sectores políticos contra el Tribunal Supremo tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. En unas declaraciones concedidas a este medio, Portillo considera que se trata de un momento “triste” para la Justicia española, al haberse confirmado que una de las máximas autoridades judiciales del país ha cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, pero advierte con firmeza del “grave peligro” que suponen los ataques institucionales al máximo órgano judicial.

“Es un día triste que se condene a un fiscal general del Estado, una de las más altas autoridades judiciales”, señala el magistrado. “Ha sido condenado por haber cometido delitos abusando además de su cargo, de los privilegios de su posición. Y que además parece que todo obedece a motivaciones políticas, que son las únicas que explicarían ese proceder”.

Portillo, que durante años ha sido una de las voces más activas en defensa de la independencia judicial en España, muestra su pesar por una sentencia que, si bien reafirma el principio de que “nadie está por encima de la ley”, pone de manifiesto las fisuras institucionales que afectan al equilibrio de poderes. “No hay nada que celebrar. Que se condene a un fiscal general por delitos en el ejercicio de su función no es motivo de alegría”, afirma, y apunta que esta resolución judicial debería ser entendida como un ejercicio de responsabilidad del propio sistema.

Sin embargo, el foco principal de su intervención se centra en la reacción que la sentencia ha generado en el ámbito político. Portillo denuncia con contundencia las declaraciones públicas de representantes de alto nivel del Gobierno español que han calificado la resolución del Supremo como un acto de “golpismo judicial” o han llamado a una “rebelión civil” por no estar de acuerdo con el fallo. “Son exageraciones impropias de quienes representan a las instituciones”, reprocha.

Para el magistrado, este tipo de manifestaciones, vertidas incluso antes de conocerse el texto íntegro de la sentencia, constituyen un ataque frontal al Estado de Derecho. “Nadie tiene todavía la sentencia, ya que aún no ha sido publicada. Decir que el tribunal ha sido injusto sin haber leído el fallo es improcedente. Se habla sin conocer el contenido de la resolución, lo que demuestra que solo se atiende al resultado del pleito, no a su fundamento jurídico”, lamenta.

Portillo pide “prudencia y respeto” a los responsables públicos y recuerda que la labor del Tribunal Supremo se sustenta en criterios técnicos, no políticos. “Sus magistrados son quienes mejor formación penal tienen en España, quienes han tenido acceso a todas las pruebas, no solo a las imágenes que hemos visto en televisión. Hay que confiar en su criterio jurídico”, reclama.

Más allá del momento concreto, el magistrado alerta del efecto corrosivo que pueden tener estas declaraciones para la sociedad. “Están lanzando un mensaje deslegitimador del Poder Judicial, diciendo que el Tribunal Supremo es un órgano prevaricador. Eso genera desconfianza hacia los jueces”, advierte. “Y si los jueces no contamos con la confianza de la ciudadanía, no podemos hacer nuestro trabajo”.

En su opinión, esta situación pone en peligro la función de los jueces como garantes del equilibrio institucional. “Nuestro trabajo incluye vigilar los abusos de poder y controlar las arbitrariedades del poder. Si ese mismo poder lanza mensajes en contra del Poder Judicial y la ciudadanía los asume, no podremos ejercer esa labor de contrapeso”, explica. “El poder será aún más libre para abusar y eso es precisamente lo que la separación de poderes busca evitar”.

Portillo subraya que quienes atacan al Supremo no lo hacen por convicción democrática, sino por intereses partidistas. “Los mensajes más dañinos provienen de quienes no quieren ser controlados por ningún Poder Judicial. No les gustan los jueces independientes porque pueden poner límites a los abusos de su posición de poder”, sentencia.

Cuestionado sobre si el Poder Judicial es el último bastión de defensa del sistema democrático, Portillo se muestra cauto. “No me gusta que se nos vea como quienes defienden la democracia, porque no nos corresponde ese papel. Pero sí somos contrapeso. Y si los demás contrapesos están fallando, puede que el Poder Judicial sea el único que aún no ha sido colonizado por el poder político. Eso no es motivo de celebración”.

El magistrado también se refiere a las posibles consecuencias legislativas tras la sentencia. Algunos representantes políticos han sugerido en redes sociales que es necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Portillo considera que el intento de reformar el sistema judicial ya estaba presente antes de esta sentencia, pero no cree que vaya a haber avances inmediatos en ese sentido. “No existen hoy las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar esas leyes. El interés por aprobarlas ya existía, pero lo que falla es la suma parlamentaria”, afirma.

Aun así, advierte de una posible ofensiva futura si cambian las condiciones políticas. “Estoy leyendo a diputados y vicepresidentes pedir reformas. No dicen en qué sentido, pero se adivina que buscan quitarse de encima a esos jueces molestos que no les dejan hacer lo que quieren”.

Por último, Portillo señala un problema estructural que, a su juicio, sigue sin resolverse: el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial. “El CGPJ ha sido nombrado por los partidos políticos. Y ese órgano nombra a los magistrados del Supremo. Esto permite que se ataque cualquier sentencia diciendo que es política, sin necesidad de leerla. Basta con decir que quienes la firmaron fueron elegidos por un órgano politizado”, denuncia.

Para el magistrado, esta situación solo podrá corregirse si se introduce un sistema de elección más transparente y despolitizado. “Debe garantizarse que al menos una parte de los miembros del Consejo sea elegida por los propios jueces, no por los partidos. De lo contrario, esa politización puede acabar contaminando también las decisiones judiciales, incluso cuando no haya base alguna para dudar de su rigor técnico”.

A modo de cierre, Portillo lanza un mensaje claro a la ciudadanía. “Pueden confiar en que los jueces vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es velar por el cumplimiento de la ley, incluso cuando afecte a quienes la crean. Todos deben estar sometidos a la ley, sin excepciones”.