El asesinato de dos guardias civiles en Barbate ha causado la natural conmoción en toda la población española.
Bueno es recordar que sólo durante el año 2023 han fallecido en España 721 trabajadores como consecuencia de accidentes laborales, la mayoría causados por falta de medidas de seguridad en el trabajo. Muertes que normalmente quedan silenciadas por la falta de notoriedad e imágenes.
La muerte de estos dos guardias civiles viene agravada por su condición de servidores públicos, por las circunstancias de su muerte, trabajando contra uno de los mayores problemas de Salud pública, que tenemos en todo el mundo, el narcotráfico; y por las tremendas imágenes de su brutal asesinato. En Melilla sufrimos igualmente la muerte de uno de nuestros vecinos el año pasado, en circunstancias similares, trabajando en el Servicio de Vigilancia Aduanera.
La solución para muchos es aumentar los recursos en la lucha contra el narcotráfico, algo que no concuerda con el discurso de representantes públicos proclamando la disminución de los impuestos. Los servicios públicos, la Sanidad, Educación, Seguridad…, se financian con la aportación de todos los contribuyentes, y defender su reducción implica no tener interés en que estos servicios sean adecuados a las necesidades del pueblo.
Ha habido siempre una respuesta distinta por sectores sociales, que denuncian el daño que causa el actual sistema penal de represión del narcotráfico, impuesto en todo el planeta.
Así en 1994 se celebró, auspiciada por las Naciones Unidas, una cumbre sobre las drogas en Río de Janeiro. A esta cumbre remitieron un informe un colectivo de cien españoles, jueces, fiscales y policías, encabezado por un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. En éste ponían de manifiesto, que la solución dada hasta ahora resulta perversa, pues agrava notablemente el problema.
Al daño personal, que causan las drogas a los consumidores y su entorno, cabe añadir las ingentes cantidades de dinero negro producidas en la actualidad por su tráfico. Un dinero que aflora en las economías nacionales, mediante su lavado, y provoca una competencia desleal a los empresarios honestos. Este dinero llega también a la política, corrompiéndola. Y así se explican las conexiones de representantes públicos con narcotraficantes. También llega este dinero a los órganos de Interior encargados de combatir esta plaga, y vemos detenciones de personal funcionario antidroga, a todos los niveles, trabajando para estas organizaciones criminales a cambio de importantes cantidades de dinero, que nunca conseguirían con su trabajo para la Función pública.
Los efectos dañinos del actual sistema no se cierran con los mencionados. Y tanto perjuicio obliga a los representantes públicos, junto a la sociedad civil, a explorar otras vías para la solución de un problema, que cuesta tantos recursos y vidas a los países.
