El Gobierno y la Confederación de Empresarios están viendo la forma de agilizar los pagos de la Administración local a las empresas que prestan servicios a la Ciudad Autónoma.
Según adelantó el consejero de Economía y Hacienda, Julio Liarte, hay facturas impagadas que datan de 2011, ocho años de retraso, nada más y nada menos, y también advirtió de que algunas de las reclamaciones de las empresas no están justificadas. El Gobierno si reconoce la realización del servicio pero no hay un contrato previo o no se han realizado los trámites apropiados para la contratación de el mismo.
En cualquier caso, es una buena cosa que la Administración intente poner orden y ponerse al día en cuanto a los pagos que adeuda.
Melilla es una ciudad con una enorme dependencia de la Administración local y los retrasos en los pagos afectan de manera radical a las cuentas de las compañías. Las demoras implican no solo que el empresario pueda tener dificultad para hacer frente a los pagos que él a su vez tenga si no que impide la reinversión de las ganancias. Esto convierte a las empresas de la ciudad en proyectos con pocas posibilidades de crecimiento e innovación.
Dado el tejido económico que tenemos actualmente en nuestra ciudad, se entiende como imprescindible la necesidad de pagar cuanto antes a las empresas, no solo para que sigan funcionando sino para que tengan una oportunidad de progreso.
