La mañana de este viernes, el Pleno de la Asamblea de Melilla debatió y aprobó la propuesta de encargo a medio propio a Tragsatec para la gestión del servicio de guarda y atención integral de hasta 100 menores en el centro educativo, residencial y formativo “Fuerte de la Purísima”. El contrato, que se extenderá durante un año, sustituye al actual encargo que expira en apenas unos días.
La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, defendió la medida ante un hemiciclo dividido y un clima de debate tenso. Según explicó, la convocatoria “se ha retrasado más de lo que nos hubiera gustado” debido a una situación “irregular” con el Ministerio y a la necesidad de ajustar la capacidad real del centro. “Teníamos que cuadrar un número de menores que fuese el que realmente corresponde al centro, para perjudicar en la menor medida posible tanto a los menores como a los trabajadores”, señaló la consejera.
Críticas de la oposición
La primera intervención crítica vino de Cecilia González, diputada de Coalición por Melilla (CpM), quien cuestionó la forma en que se ha gestado el encargo. A su juicio, el proceso “nace mal” porque “se ha ninguneado tanto a la parte social como a la oposición”.
“Solo se nos convocó a una comisión para tratar un documento de gran envergadura, y los representantes de los trabajadores aún esperan reunirse con la consejería”, denunció González. También criticó que el texto no incorpore una cláusula de revisión salarial en previsión de la entrada en vigor del quinto convenio colectivo del sector, que sustituirá al actual en pocas semanas.
CpM alertó además sobre un apartado del pliego que indica que “finalizado el encargo, finalizará automáticamente la relación laboral entre la empresa y los trabajadores del centro”, algo que, según la diputada, genera “alarma e inseguridad” entre la plantilla. “No sabemos si este párrafo es algo rutinario o si realmente se plantea desmantelar el centro dentro de un año”, advirtió.
El diputado socialista Riduan Moh coincidió en que la situación refleja “otro fracaso de la Administración”. “Seguimos sin contratación menor y todo llega tarde y mal. Es una muestra más de la ineficiencia del Gobierno del PP”, afirmó.
El socialista lamentó que este nuevo encargo perpetúe desigualdades entre los trabajadores. “Se produce una grave comparativa entre quienes dependen directamente de la Ciudad y quienes trabajan bajo encargo de Tragsatec. Y detrás de cada tabla salarial y de cada convenio hay personas, hay familias que merecen dignidad laboral”, subrayó.
Aunque el PSOE decidió no votar en contra por “responsabilidad” hacia los trabajadores y para no paralizar el servicio, Riduan Moh pidió a la consejería que escuche más al comité de empresa y dé las explicaciones necesarias. “Si los trabajadores piden una reunión, se les da. Las veces que haga falta”, insistió.
José Miguel Tasende, del Grupo Mixto, fue más allá y propuso el cierre del centro de la Purísima y la repatriación de los menores a sus hogares.
Desde Somos Melilla, su diputado, Amin Azmani, fue especialmente duro con la gestión de la consejería. Aseguró que el nuevo encargo es “una prórroga improvisada” que llega “cuatro días antes de que expire la actual”, lo que consideró “indecente”.
Azmani reclamó que el documento quedara “sobre la mesa” y que el nuevo encargo tuviera una duración de seis meses, no de un año, para poder licitar un contrato definitivo con garantías. “Esto no es más que consolidar la chapuza que se viene arrastrando desde hace años. En cada prórroga expira un convenio, se generan desigualdades y se agravan los problemas de los trabajadores”, denunció.
El diputado detalló además una larga lista de deficiencias materiales y de seguridad en el centro: “Hay extintores caducados, puertas de emergencia que no funcionan, vehículos en mal estado y una media de siete u ocho bajas de menores cada noche por módulo”. “No hablamos solo de derechos laborales, hablamos de dignidad y de gestión”, enfatizó.
"No tenemos una bola mágica"
La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, respondió de manera firme a las críticas de todos los grupos. “Me deja fría escuchar sus intervenciones, porque en la comisión de la semana pasada se explicó todo esto con detalle”, comenzó.
Respecto al punto que generaba alarma sobre el fin del encargo, Mohamed aclaró que no implica el despido de los trabajadores. “Ese párrafo se incluye en todos los contratos y no significa que se acabe la relación laboral de los empleados. Lo que estamos haciendo hoy es garantizar el puesto de trabajo a las 130 personas que dependen del centro y asegurar un servicio continuo a los menores”, sostuvo.
También recordó que la ratio del Fuerte de la Purísima es excepcional. “Ningún centro de la península mantiene una plantilla como la nuestra con el mismo número de menores. Este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por mantener esos empleos”, defendió.
La consejera reconoció que el quinto convenio colectivo no se ha podido incorporar al nuevo encargo “por razones jurídicas”. “Consultamos con el equipo legal de Tragsatec y nos confirmaron que no era posible modificar las condiciones laborales en un encargo de continuidad. No obstante, ofrecimos compensaciones vía plus o incentivos, pero tampoco fue viable”, explicó.
Mohamed reiteró que el objetivo del Gobierno es licitar un contrato definitivo lo antes posible, que ya contemple las mejoras del nuevo convenio. “Este encargo es una medida transitoria para garantizar la estabilidad del servicio y la continuidad del empleo”, insistió.
En referencia a Tasende, Mohamed fue tajante: “¿Dónde quiere que pongamos a los menores, señor Tasende? ¿En su casa o en la mía? ¿Y qué hacemos con las 150 personas que trabajan para Servicios Sociales? Son profesionales formadas para trabajar con menores, con más de diez años de experiencia. ¿Qué oficio les damos ahora, con 50 años, si cerramos el centro?”, explicó.
Sobre las críticas de que la Consejería lleva dos años sin contrato, Mohamed las calificó de “mentira”. “Se licitó un contrato que quedó desierto, regularizamos la situación de los trabajadores y ahora sacaremos uno nuevo con las condiciones actualizadas. Los problemas laborales con la empresa existen, sí, pero el Gobierno no puede resolverlos todos. Lo que sí podemos es mediar, y lo hemos hecho en la medida de lo posible”, afirmó.
Finalmente, la consejera cerró su intervención reafirmando su compromiso con la plantilla y el servicio:
“Estamos muy contentos con el nuevo encargo a Tragsatec. Vamos a responder a las peticiones de los trabajadores lo antes posible. Y desde luego, no vamos a permitir que se eche por tierra ni el trabajo de esta consejería ni el de los empleados del Fuerte de la Purísima”.
Aprobación con mayoría
La propuesta fue finalmente aprobada por mayoría, con los votos a favor del Partido Popular y del diputado no adscrito, Da Costa, la abstención del PSOE, CpM y Somos Melilla, y el voto en contra de Vox.
Con ello, el Gobierno local garantiza la continuidad del servicio en uno de los centros más sensibles de Melilla mientras prepara un contrato definitivo que, según Mohamed, “permitirá regularizar las condiciones laborales y mejorar la atención a los menores”.
Todas son herencias para éstas sanguijuelas sin vergüenzas. Responsabilidad ninguna más q trincar a finales de mes y llenar nuestras consejerías de familiares cachorros y simpatizantes. Por mí te puedes ir al carajo Randa. Junto a Imbroda y el resto de palmeros, vuestro único fin es cobrar a final de cada mes y cumplir promesas personales con nuestro dinero.