UFP y AUGC consideran que si se cumplió con el acuerdo hispano-marroquí se obró bien
Policías y guardias civiles no aciertan a determinar si se cumplió con la ley vigente en la expulsión a Marruecos de los siete inmigrantes que llegaron a las islas Chafarinas en patera. Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como la Unión Federal de Policía (UFP) señalaron en la jornada de ayer que todo el asunto de la devolución al país vecino se ha llevado “con gran secretismo” por parte de la Delegación del Gobierno y que desconocen si se siguió la normativa de Extranjería o, cuanto menos, el tratado hispano-marroquí de 1992.
Desde ambas organizaciones apuntaron ayer que si la institución gubernamental ofreció garantías legales a los inmigrantes antes de proceder a su trasladarlos a Marruecos se obró correctamente. No obstante, tanto UFP como AUGC remarcaron que hay demasiadas dudas en torno a este asunto, pues se desconocen los pormenores de cómo se llevó a cabo la devolución de los subsaharianos al país vecino.
Por un lado, hay que recordar que cuatro de los siete inmigrantes afirmaron ser menores de edad y fueron conducidos a Melilla en helicóptero para que les practicaran las pruebas pertinentes, las cuales indicaron que tenían más de 18 años. Realizadas las comprobaciones, se procedió a la expulsión de todos los subsaharianos.
Asimismo, fuentes policiales indicaron el miércoles que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, acompañados de un abogado, un intérprete y de la secretaria general de la Delegación del Gobierno se trasladaron al archipiélago de Chafarinas para garantizar la legalidad del procedimiento de devolución a Marruecos.
¿Legal o ilegal?
De ser así, la AUGC apunta que se habría cumplido con lo establecido en el acuerdo rubricado con el país vecino en 1992. “Si se les ofreció a los subsaharianos garantías legales se actuó correctamente”, subrayaron desde esta asociación. No en vano, insistieron en que lo mejor para estas situaciones es la creación de un protocolo de actuación, tal y como llevan demandando desde hace más de un año. “Así se sabría siempre cómo proceder ante estas situaciones”, agregaron. En cualquier caso, desde la AUGC apuntaron que lo principal en estos casos es “respetar al máximo” la normativa vigente.
Por parte de la UFP, afirmaron que se trata de un asunto “muy complejo y del que se desconocen aún multitud de detalles”. En opinión de este sindicato, lo primordial hubiera sido cumplir con la Ley de Extranjería o con el acuerdo hispano-marroquí. “Es algo complicado. No sabemos qué pasó en las Chafarinas exactamente ni cómo se llevó a cabo la devolución”, recalcaron.
Por otro lado, defendieron que es necesario tomar medidas para evitar la apertura de nuevas vías de entrada a la inmigración irregular a través de las islas y peñones de soberanía española. Eso sí, respetando siempre la legislación vigente.
