Los sindicatos y asociaciones que representan a policías nacionales y guardias civiles han acogido con cierta tibieza el anuncio realizado ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la creación de un “estatuto jurídico seguro” para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de evitar la entrada de inmigrantes a través de los vallados fronterizos de Melilla y Ceuta.
El principal problema que ven estas organizaciones, es que se trata de un anuncio “ambiguo” y al que le falta “definición” para ser analizado en profundidad.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Melilla celebró que el Ministerio “comience a preocuparse por este tipo de cuestiones”, al tiempo que recordaron que llevan casi dos años reclamando al Gobierno central la creación de un protocolo de actuación para los efectivos del Instituto Armado. “Por lo menos parece que el ministro tiene inquietud al respecto”, señalaron desde esta organización.
¿Por qué ahora esta medida y no antes? La AUGC considera que la clave ha sido el fallecimiento de quince inmigrantes el pasado febrero cuando intentaron entrar en Ceuta a través del paso fronterizo del Tarajal. “Aquel día quedó comprobado que los agentes no sabían bien cómo actuar”, señalaron.
Además, consideraron que el Ejecutivo central se ha sentido “en tela de juicio” a causa de las imágenes sobre ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes a través de la valla. “Parece que en Madrid se han visto ofendidos”, apuntillaron. En este sentido, recalcaron que numerosas las asociaciones humanitarias e incluso jurídicas advirtieron de que los agentes podrían estar incurriendo en una posible ilegalidad con estas expulsiones a Marruecos.
Cambiar la Ley
Más fría ha sido la acogida por parte de la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El portavoz del primero, José Cámara Guerrero, señaló que era una buena noticia, aunque preguntó a qué se refería exactamente el ministro al hablar de “estatuto jurídico seguro”.
En palabras del dirigente de la UFP, Jorge Fernández Díaz debería explicar en profundidad esta medida. Además, apuntó que lo más propicio es modificar la Ley de Extranjería “y dejarse de parches”. “Los agentes de Policía nunca actuamos de forma contraria a la Ley. Si lo hacemos, la responsabilidad recae sobre nosotros”, apuntó. “Más que crear un marco normativo seguro, el Gobierno debería modificar la ley”, aseveró.
Por ello, reclamó al ministro que defina más su propuesta, la cual achacó a la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran el próximo 25 de mayo. “Estas ideas son un simple remedo”, insistió. Además, reclamó que se actúe en los países de origen de los inmigrantes para paliar la fuerte presión migratoria que soporta Melilla. “Que no nos tomen más el pelo”, concluyó.
Abogados para todos
Por su parte, el secretario general del SUP, Jesús Ruiz Barranco, señaló que la medida planteada por Jorge Fernández Díaz es “muy ambigua”. “No comprendemos que ha anunciado concretamente. ¿Un cambio en la Ley de Extranjería?”, inquirió el dirigente sindical.
Asimismo, apuntó que lo más deseable es que haya una normativa acorde para que los agentes puedan actuar conforme a ella y sin temor a incurrir en alguna irregularidad. “¿Qué es eso del estatus jurídico seguro? ¿Acaso le van a proporcionar un abogado a cada policía nacional que esté en la valla”, apuntilló Ruiz Barranco.
Además, subrayó que los agentes “siempre actúan conforme a lo que marca la ley”, por lo que consideró que, a falta de más detalles, la propuesta del ministro del Interior “tiene muy poco sentido”.
Sin más información
Así pues, la acogida de las organizaciones que representan a guardias civiles y policías nacionales ha sido más bien fría. A la esperan quedan AUGC, UFP y SUP de que el Ministerio del Interior detalle algo más a qué se refiere concretamente con la creación de ese marco jurídico seguro para los agentes. Por el momento, la propuesta no termina de convencer.
