La Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles en Defensa de la Seguridad ha anunciado una protesta contra la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. La movilización se llevará a cabo el 12 de marzo a las 12:00, frente al Congreso de los Diputados, y busca visibilizar el rechazo de los cuerpos de seguridad del Estado a esta medida, que consideran una amenaza para el modelo de seguridad nacional.
El malestar de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil surge tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, en el que se contempla la posibilidad de que Cataluña asuma parte de las competencias en materia de inmigración. Según el documento del pacto, la Generalitat tendría un mayor papel en la gestión migratoria, lo que incluiría aspectos como la tramitación de permisos de residencia y trabajo, así como otras funciones actualmente controladas por el Estado.
Esta cesión ha generado una fuerte reacción en los cuerpos de seguridad, que consideran que la gestión de la inmigración es una competencia estatal y debe mantenerse en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Argumentan que un cambio en este modelo podría generar desigualdades entre comunidades autónomas y afectar la coordinación en la seguridad fronteriza.
En un comunicado emitido el 4 de marzo, la plataforma de policías y guardias civiles advirtió sobre los riesgos de esta medida: "La legislación europea establece que la gestión de la extranjería y la protección de las fronteras comunes es competencia de los cuerpos estatales de seguridad. Cualquier alteración de este equilibrio debe ser evaluada con rigor, considerando su impacto en la seguridad y en el marco jurídico comunitario”, señala el documento.
Los agentes insisten en que la transferencia de competencias podría afectar la seguridad y generar una aplicación desigual de las políticas migratorias dentro del país, ya que Cataluña podría establecer criterios distintos a los del resto de España.
Apoyo sindical
Ante esta situación, la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles ha convocado una protesta con la intención de movilizar a agentes de toda España. La manifestación tendrá lugar el 12 de marzo a las 12:00 frente al Congreso de los Diputados, y se espera una amplia participación de sindicatos y asociaciones profesionales.
Organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han mostrado su respaldo a la convocatoria, señalando que la seguridad y el control de fronteras deben mantenerse bajo el marco estatal.
Desde estos sindicatos se ha criticado lo que consideran un intento de "mercadear con la seguridad" a cambio de apoyos políticos. "No se pueden poner en riesgo la estabilidad y la seguridad nacional por acuerdos políticos que buscan contentar a determinados partidos", afirman desde la SUP.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido el pacto con Junts, asegurando que la cesión de competencias responde a la necesidad de adaptar la gestión migratoria a la realidad territorial. Según fuentes del Gobierno, este acuerdo no afectará la seguridad ni implicará un cambio en la soberanía sobre las fronteras, sino que busca mejorar la coordinación con la Generalitat en materia migratoria.
El ministro del Interior ha declarado que la cesión de competencias no significa una "ruptura" con el actual modelo de seguridad, sino un ajuste dentro del marco autonómico. No obstante, los cuerpos de seguridad rechazan este argumento y aseguran que cualquier transferencia de funciones en materia migratoria representa un peligro para el control de fronteras y el cumplimiento de la normativa europea.
Reacciones políticas
El debate ha llegado también al ámbito político, con posturas encontradas entre los distintos partidos. Mientras que PSOE y Junts defienden el acuerdo, partidos como el PP y Vox han manifestado su oposición, calificando la cesión de competencias como un "peligro para la unidad del Estado".
El líder del PP ha asegurado que su partido tomará medidas para evitar la aplicación de este acuerdo si llega al Gobierno. Desde Vox, han anunciado que llevarán el asunto al Tribunal Constitucional, alegando que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado.
En el ámbito catalán, el acuerdo ha sido bien recibido por ERC y Junts, que consideran que es un paso hacia una mayor autonomía en la gestión de la inmigración en Cataluña.
Con este escenario de confrontación, la protesta convocada por la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles el 12 de marzo se perfila como un punto clave en la oposición a la cesión de competencias en inmigración. Los agentes esperan que el Gobierno rectifique su postura y que las competencias migratorias sigan en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, garantizando un modelo uniforme en todo el país.
La manifestación frente al Congreso será un termómetro del malestar dentro de los cuerpos de seguridad, en un contexto en el que el debate sobre la descentralización de competencias sigue marcando la agenda política nacional.
