El comunicado emitido el pasado martes por la Comisión Permanente de la CEME ha causado un cierto revuelo -por inesperado- entre los medios de comunicación, comentarios en redes sociales -unos a favor y otros, lógicamente, en contra- y ha levantado algunas ampollas entre los políticos a los que se refiere el comunicado y se quejan de que no hemos reconocido lo bueno -poco o mucho- que hayan hecho. No conozco todavía -y menos en esta ciudad- político alguno que reconozca sus propios errores, pero las alabanzas y las medallas bien que se las colocan ellos mismos cada vez que pueden.
Por tanto, los empresarios tenemos derecho a decir lo que pensamos y lo que nos gusta o no de las actuaciones de nuestros gobernantes. Puede que nos hayamos equivocado en no decir públicamente lo que pensamos de ellos con más frecuencia y no una vez cada cuatro años. Deben entender que tengamos una visión distinta a la de ellos, pero es la que tenemos, les guste más o les guste menos. Por otra parte, creo que falta cierta compresión lectora por parte de algunos y que otros se quedan con los titulares de la prensa sin leer detenidamente el comunicado y ponen en nuestra boca lo que han dicho otros. Por cierto, el comunicado separa perfectamente las responsabilidades e incumplimientos del Gobierno central de los del local. Y si hay algo de lo que ha dicho la representación oficial de los empresarios que no sea cierto sobre las promesas incumplidas, los errores indicados y la falta de coordinación entre ambas Administraciones, entre los propios miembros del Gobierno e, incluso, entre los de sus propios partidos pues que lo digan y lo demuestren. Y, si tienen razón, asumiremos nuestro error y rectificaremos sin problema. Pero espero que, en caso contrario, lo reconozcan y se enmienden.
Este ‘introito’, sobre las actuaciones de uno y otro Gobierno, me vale para centrar el tema del que quiero dar mi opinión personal: Plan Estrategico versus Plan Integral. De entrada, creo que no se deben confundir ni anteponer uno a otro. En todo caso, deberían ser complementarios. Del primero ya hemos dado los empresarios nuestra opinión al igual que las más de 1.000 personas, con más de 300 encuestas locales, expertos en distintos campos con más bagaje intelectual y profesional que nosotros; representantes del mundo empresarial, sindical y político han debatido -uno por uno- los nueve temas fundamentales que nos preocupan a todos y se han definido las Operaciones Estrategicas y los cinco programas: Metabolismo urbano, Bienestar, Modelo productivo, Conectividad y Espacio Urbano. E, incluso, se han planteado propuestas de inversión para conseguir dichos objetivos y que se valoraron en 795 millones a repartir entre la CAM, la Administración General del Estado y los Fondos provenientes de la UE. Ahí tiene mucho que hacer el Gobierno central.
El Plan Estratégico de Melilla 2020-2029 - para mí, la gran iniciativa de este Gobierno local- impulsado desde la Consejería de Hacienda está terminado a falta de conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas para que pueda ser aprobado por la Asamblea. Y en esas estamos desde octubre pasado, aunque parece -ojalá sea así- que estamos más próximos a conseguirlo que entonces. Es cuestión de ceder en algo cada uno de los partidos políticos de la Asamblea para que sea un triunfo de todos. Los melillenses ya hemos dicho cómo queremos que sea nuestro futuro y ahora está en sus manos que sea una realidad.
Y vamos a la segunda parte. Creo que la propuesta del Gobierno de España de realizar un Plan Integral para Ceuta y Melilla ha sido un error desde el principio. Me explico: en Ceuta, no habían iniciado “su” Plan estratégico y por ello se le ha encargado a TRAGSATEC –y me parece bien, aunque algo caro- que les haga su Documento de caracterización y Diagnóstico inicial, con sus 150 encuestas a los agentes sociales, sus entrevistas personales y, finalmente, el diseño de los objetivos y los medios para alcanzarlos. Pero es que, en Melilla, todo esto ya está hecho. Y bien hecho y a la mitad de precio, por cierto. Solo falta la “bendición” del Gobierno de la nación para ponerlo en marcha. Mi gran duda es si lo harán o se empecinarán en imponernos “su” Plan. ¿Acaso alguien puede pensar que los melillenses hemos cambiado de opinión sobre “nuestro” DAFO en cuestión de meses? ¿Acaso alguien puede pensar que hay otras soluciones u orientaciones estratégicas a las ya planteadas en nuestro Plan Estratégico? Que me perdonen los expertos de TRAGSATEC, pero no espero nada nuevo de su trabajo sobre Melilla. Ojalá me sorprendan.
En el Plan Integral del Gobierno se hace mucho hincapié en la importancia para nuestra ciudad de la defensa y el modo de organizar la frontera y las consecuencias de la inmigración -como poco, irregular- que venimos soportando. La intervención en la presentación del mismo de los dos altos mandos de las FCSE -a las que siempre valoro y apoyo- es significativa. Pero esto es un tema de Estado, no de Ciudad y debería haber estado solucionado o, al menos, en vías de solución hace ya mucho tiempo. Era la prioridad de la delegada del Gobierno, según manifestó en su toma de posesión. Pues bien, la frontera -abierta o cerrada- es un tema ajeno al Plan Estratégico y, aunque la misma forme parte del presente y el futuro de la ciudad, no nos corresponde solucionarlo a los melillenses, sino al Gobierno central. Y la seguridad de los melillenses y de la frontera no requiere de ningún Plan Integral, sino de mayores dotaciones de las FCSE y mejores dispositivos anti-intrusión que los actuales y de una acción diplomática frente a las pretensiones de Marruecos mucho más efectiva que la seguida hasta ahora.
El Gobierno en vez de “hacernos” otro Plan Estratégico debería haber conformado la Comisión interministerial de la que se habló hace tiempo para, entre otras, recopilar la dispersa legislación que hay sobre Melilla, la falta de regulación en muchas de las competencias cedidas a las CCAA y en las que no hay nada contemplado para nuestra “híbrida” autonomía y, a partir de ahí, establecer un marco jurídico -una especie de Texto Refundido- que nos dote de un Régimen Económico y Fiscal propio e incardinarlo en nuestro paupérrimo Estatuto de Autonomía (poco más que un Ayuntamiento) para que no pueda ser modificado sin el consentimiento de la Asamblea de la Ciudad.
Luego, esa misma Comisión interministerial debería servir para poner en marcha -de manera coordinada con la Ciudad- los distintos programas e inversiones que se han detallado en nuestro Plan Estratégico. Eso es, en mi opinión, lo que debería haber hecho el Gobierno central y no lo que está haciendo.
