CUANDO el 21 de diciembre pasado se hizo pública la sentencia histórica del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que reconoció el derecho de los hipotecados a que se les devuelva todo el dinero cobrado de más por los bancos que tenían cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca y no sólo desde mayo de 2013, los más ingenuos creyeron que se le había puesto un punto y final al conflicto.
Todo lo contrario. El problema no había hecho más que empezar para muchos clientes de entidades bancarias a los que a día de hoy les siguen cobrando indebidamente a través de cláusulas suelo poco transparentes.
En nuestra ciudad, de hecho, se ha puesto de moda un nuevo método para hacerle regates a la justicia. Ahora los bancos no admiten reclamaciones de los clientes si no las entregan en persona. Así se lo ponen más difícil a los mayores, a los trabajadores y a los que están temporalmente fuera de Melilla.
Y ésta no es la primera maniobra de obstaculización. En un primer momento, los bancos se negaron a devolver el dinero automáticamente y dijeron que lo analizarían caso a caso. Buscaban de esta forma que las personas que disponen de menos tiempo e incluso las que ni siquiera saben que tienen cláusula suelo en su hipoteca, desistieran de su interés en reclamar lo que por justicia les pertenece y ha sido cobrado indebidamente.
Las negociaciones están siendo a cara de perro. El Consejo del Poder Judicial sabe que el conflicto terminará en los juzgados porque los bancos no quieren desestabilizar sus cuentas a menos que los obligue un juez.
De esta forma da por hecho la avalancha de procesos judiciales contra entidades bancarias y por eso ha recomendado que en cada provincia se abra un juzgado de cláusulas suelo.
La actitud de la banca está siendo vergonzosa. Se les olvida que muchas entidades siguen donde están porque fueron rescatadas con el dinero de todos los españoles. Las piruetas, a otra parte.
